Francia y España se oponen a los campos de inmigrantes en el Magreb

Los pasaportes europeos incorporarán a partir de 2006 huellas digitales del titular, además de la foto. Los ministros del Interior de los cinco mayores países de la Unión Europea decidieron en Florencia modificar los pasaportes, pero no se pusieron de acuerdo sobre una propuesta germano-italiana para la creación de "campos de acogida" dedicados a la selección de inmigrantes en Libia y otros países norteafricanos. Francia y España se oponen a la medida.

Los ministros del Interior de España y Francia consideraron que no había garantías de que en esos campos se respetaran los derechos humanos.

Los ministros de Italia, Giuseppe Pisanu, y de Alemania, Otto Schily, acudieron a la reunión informal de Florencia con un plan detallado sobre los "campos de acogida". Pisanu, impulsor de la idea, disponía ya del sí de Libia para empezar a crearlos. El ministro italiano, centrista, los definió como "una especie de oficina de empleo" en la que se podía seleccionar a los inmigrantes según su destino de preferencia, y como una "garantía parcial" contra las mafias dedicadas al transporte clandestino de seres humanos.

"Esas mafias negreras están generando ya tanto dinero como el tráfico de drogas y son más inmorales que los antiguos esclavistas", explicó Pisanu a un grupo de periodistas, "porque no tienen ningún interés en que sus víctimas lleguen a su destino; no podemos impedir que las mafias exploten a miles de infelices en viajes desde el sur del Sáhara hasta la costa mediterránea, pero podemos encargarnos nosotros de organizar, al menos, un transporte marítimo decente para los inmigrantes aceptados".

Evitar abusos

El ministro italiano añadió que los campos libios serían supervisados por organizaciones humanitarias internacionales para evitar abusos.

Las supuestas garantías ofrecidas por Giuseppe Pisanu y Otto Schily no convencieron a los otros ministros, que temieron que el proyecto degenerara en grandes campos de internamiento indefinido.

El británico David Blunkett se mostró tibio. El francés Dominique de Villepin y el español José Antonio Alonso se opusieron de forma frontal. Alegaron que Libia no había firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos (aunque sí firmó la Carta de la Organización para la Unidad Africana, que suscribe la Declaración) y que todo el plan tenía matices inquietantes. "No queremos aceptar campos o centros de ninguna clase", afirmó De Villepin.

Aceptaron, sin embargo, que la gestión de la inmigración era uno de los problemas más graves de la Unión Europea y que resultaba imprescindible "una política global y equilibrada". También insistieron en que el problema no debía ser dejado sólo en manos de la UE, sino que también tenían que participar en su solución ONG y Naciones Unidas.

En el comunicado que cerró la reunión informal de Florencia se afirmaba que los cinco ministros plantearían al resto de los Gobiernos europeos la necesidad de sostener el desarrollo de los países de origen de los inmigrantes, de ayudar a los países africanos a vigilar sus fronteras y de combatir las mafias de transporte clandestino. Añadieron que convenía fomentar tratados bilaterales "con los países de origen y tránsito de emigrantes", un punto que bendecía los acuerdos entre Italia y Libia para el control de la inmigración.

Pisanu, anfitrión de la reunión, subrayó que "en ningún caso" se deseaba frenar la inmigración, que definió como "absolutamente necesaria", sino de "regularla".

Los cinco ministros aprobaron también crear grupos de trabajo para homogeneizar los trámites de expulsión de la Unión Europea de los extranjeros sospechosos de colaborar con bandas terroristas.