Alonso aboga por ayudar a los países de origen para frenar la inmigración ilegal

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha reiterado hoy la "posición contraria" de España a que la Unión Europea (UE) cree campos de inmigrantes fuera de sus fronteras, tal y como defienden Alemania, Italia, Gran Bretaña y la presidencia holandesa. En cambio, Alonso ha abogado por potenciar la ayuda a los países de origen de la inmigración ilegal como mejor forma de luchar contra este problema, por lo que ha pedido un cambio de orientación en la política europea. Tras participar en la primera sesión del Consejo de ministros de Justicia e Interior, que se ha celebrado en Luxemburgo, Alonso ha explicado que "España ha hecho énfasis en que es muy importante el tratamiento de la inmigración".

"Hay que ser solidarios con los terceros países, ayudarles a reconstruir sistemas sociales potentes que eviten los flujos de inmigración ilegal y a construir aparatos administrativos que les permita gestionar tanto el asilo como la inmigración ilegal", ha subrayado. El ministro ha reconocido que España está especialmente preocupada por "la inmigración ilegal del norte de África", aunque "sin olvidar la que nos entra de otras partes del mundo". Las cuestiones del asilo y la inmigración han centrado el primer debate del Consejo de ministros en torno al proyecto de Programa de La Haya; fortalecer la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, que debe marcar las líneas directrices de la política comunitaria.

Los ministros de Interior de la UE se han mostrado de acuerdo en la necesidad de establecer un sistema común de asilo, pero no en la fecha en la que se debe realizar una primera evaluación, propuesta para 2007, ni en su puesta en marcha definitiva para 2010. En el marco de la lucha contra la inmigración ilegal, la propuesta de la presidencia holandesa de turno de la UE defiende la necesidad de una mayor cooperación entre los estados miembros y con países terceros y un mayor control de las fronteras externas. Esa será la labor de la Agencia Europea para el control de las fronteras externas de la Unión, que debe entrar en funcionamiento el 1 de mayo de 2005.

Un 80% de las propuestas de España

Después de que España levantara la reserva que mantenía al conseguir que se excluyera a Gibraltar de su ámbito de actuación, ya hay un acuerdo que será adoptado oficialmente mañana. "Se trata de un instrumento muy importante" que se encargará del control pero también del entrenamiento de funcionarios, asistencia técnica a países y coordinación en el retorno de inmigrantes ilegales, ha precisado el ministro. Sólo faltan por determinar ciertas cuestiones operativas, como el nombramiento de la dirección y del equipo o la designación definitiva de una sede, que temporalmente se encuentra en Bruselas.

En cuanto a la inmigración legal, España ha insistido en la necesidad de "un plan de acción europeo y del apoyo financiero a los países miembros de la UE". El texto propuesto por la presidencia señala que la determinación de los volúmenes de admisión de trabajadores inmigrantes es una competencia de los Estados miembros. Además pide a la Comisión Europea que presente, antes de finales de 2005, un plan político sobre emigración legal, que incluya un sistema de procedimientos de admisión capaz de responder con prontitud a la variación en las demandas de trabajo para inmigrantes. Globalmente, Alonso se ha mostrado satisfecho del texto de la presidencia holandesa, que incluye un 80% de las propuestas presentadas por España.

En el espacio de seguridad, los pasaportes incorporará no sólo una fotografía digital, sino también las huellas dactilares, dato "que es mucho más fiable". El proyecto también recoge la propuesta española de poner en marcha un sistema de alerta rápida en casos de robo o hurto de excesivos, así como el uso de los datos de pasajeros de líneas aéreas para fines relacionados con seguridad y no sólo en lucha contra la inmigración ilegal. El ministro ha resaltado que la presidencia holandesa ha aceptado el principio de disponibilidad en el intercambio de información de los servicios de seguridad. Esto supone que la información "fluya de manera directa, inmediata y sin cortapisas cuando un país se la pida a otro".