Brasil autoriza el cultivo de soja transgénica pese a la promesa de Lula de prohibirlo

Brasil, el primer exportador del mundo de soja natural, sembrará y comercializará por tercer año consecutivo soja transgénica. El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizó el viernes pasado dicho cultivo con carácter transitorio, lo que aviva la polémica sobre los cultivos manipulados genéticamente (transgénicos). La decisión satisface a productores y laboratorios, irrita a ecologistas y consumidores, y coloca en una posición incómoda al propio presidente, atrapado en la contradicción de lo prometido en campaña electoral y lo incumplido una vez en el poder.

Hace pocos días, Lula da Silva había advertido de que no firmaría una nueva medida provisional autorizando el cultivo de soja transgénica. Pero Brasil está en época de siembra, los productores presionan con fuerza -algunos de ellos ya han empezado a plantar sin autorización semillas transgénicas- y la ley definitiva sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) está empantanada en el Congreso. Con este panorama, el presidente dictó por tercera vez desde que llegó al poder la medida que da luz verde a la soja transgénica. Esta vez la autorización es hasta el 31 de enero de 2006, periodo que incluye las cosechas de este año y del próximo.

"Lo provisional está haciéndose definitivo", ha declarado Gabriel Fernández, portavoz de una red de movimientos medioambientalistas. La organización Greenpeace también criticó la medida de Lula da Silva y recordó que el Partido de los Trabajadores (PT) siempre se ha opuesto a la liberación de los OGM. Durante la campaña electoral de 2002, el PT elaboró un documento sobre política agraria, Vida digna en el campo, en el que condicionaba la luz verde a la comercialización de los transgénicos a una investigación que demostrase que no eran perjudiciales para el medio ambiente, la salud de los consumidores y los agricultores. Aquel documento estaba firmado por el coordinador del programa de gobierno, Antonio Palocci. Hoy es el ministro de Hacienda uno de los puntales del Gobierno de Lula.

Como su nombre indica, una medida provisional no puede eternizarse. Por ello, la Casa Civil o Jefatura de Gabinete que preside el ministro José Dirceu elaboró a fines del año pasado un proyecto de ley de Bioseguridad que fue debatido con organizaciones mediambientalistas y movimientos sociales agrarios. Contaba con el aval de la ministra Marina Silva. La Cámara de Diputados aprobó el texto en febrero con algunas modificaciones, aunque vetaba las investigaciones con células madre e imponía obstáculos a los cultivos transgénicos.

El proyecto de ley sufrió una alteración de mayor calado cuando llegó al Senado, que el 7 de octubre aprobó un nuevo texto que autoriza para este año el cultivo y comercialización de soja genéticamente modificada, y la investigación con células madre de embriones humanos congelados desde hace más de tres años. Un proyecto de ley claramente devaluado, en comparación con el original, ha vuelto a la Cámara de Diputados, que ahora tendrá que aprobarlo integralmente o rechazarlo en bloque.

La controversia sobre los OGM se remonta a la anterior Administración del presidente Fernando Henrique Cardoso, que en 1995 sancionó la Ley de Bioseguridad. Cuatro años más tarde, Monsanto pidió el registro de cinco variedades de soja. El Instituto de Defensa al Consumidor y Greenpeace se opusieron a ello, y la Justicia dejó en suspensión la plantación de soja transgénica, a la espera de un estudio de impacto. En febrero de 2003, el Gobierno de Lula da Silva dictó una medida provisional que permitía su venta hasta el 31 de enero de 2004, con una prórroga posterior de 60 días. La polémica subió de tono en octubre del año pasado cuando el gobernador del Estado de Paraná prohibió el transporte de soja genéticamente modificada e impidió su embarque en el puerto de Paranagua.

Los defensores de la soja modificada dicen que aumenta la productividad y disminuye el costo de producción al usar menos herbicidas. Los críticos advierten de que las investigaciones son todavía incapaces de demostrar si los productos genéticamente alterados afectan a la salud y al medio ambiente, niegan que haya pruebas de aumento de productividad, y advierten del riesgo de que con los granos transgénicos no haya más una especie pura. Una de las preocupaciones de los críticos a la autorización indiscriminada es el riesgo de contaminación. Científicos de la agencia estadounidense de protección del medio ambiente han comprobado que un tipo de hierba transgénica puede polinizar con hierbas no transgénicas hasta una distancia de 21 kilómetros.