Un tribunal obliga a la Generalitat a preguntar por la lengua habitual de los alumnos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado una sentencia por la que obliga a la Generalitat a modificar los formularios de preinscripción en las escuelas públicas y concertadas para que los padres puedan optar a reclamar para sus hijos la enseñanza en castellano. La sentencia considera que esta modificación es un paso previo para "hacer efectivo un derecho" y que las clases puedan impartirse después en esa lengua.

La resolución judicial ha sido dictada tras el recurso presentado en el año 2000 por Convivencia Cívica Cataluña, una plataforma contraria a las leyes de normalización lingüística aprobadas en los últimos años por el Parlamento catalán. En la práctica, la sentencia tendrá una escasa influencia porque únicamente supone la anulación de una resolución dictada el 29 de mayo de 2000 por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat. Por tanto, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que han dictado la sentencia no obligan a la Generalitat a actuar de otra manera a partir de ahora, sino que se limitan a anular un acuerdo de hace cuatro años.