Berlusconi anuncia la privatización del 20% de la televisión pública

Silvio Berlusconi anunció ayer la privatización del 20% del capital de la RAI, la radiotelevisión pública italiana, antes del próximo mes de marzo. El traspaso gradual de la RAI a manos privadas estaba previsto en la conflictiva Ley de Televisiones, que el Parlamento tuvo que reformar después de que el presidente de la República se negara a firmarla por considerarla inconstitucional y favorecedora de los intereses personales del propio Berlusconi.

La venta del 20% podría reportar al Tesoro hasta mil millones de euros, en un momento en que el Gobierno necesita ingresos extraordinarios para evitar que el déficit presupuestario rebase el límite del 3% establecido por el Pacto de Estabilidad del euro. La RAI está valorada en unos 4.000 millones de euros, sin contar su patrimonio inmobiliario, estimado en otros 1.500 millones. Genera unos beneficios muy modestos, de 82 millones en 2003 y de sólo 2 millones en 2004, pese a financiarse con un canon obligatorio, emitir publicidad y carecer de una deuda apreciable. Cuenta con más de 13.000 empleados distribuidos en tres canales terrestres y un paquete de canales por satélite, entre los que figura uno de información continua.

El ministro de Comunicación, Maurizio Gasparri, comentó la semana pasada que había recibido ya ofertas de "15 instituciones financieras interesadas en la privatización" y que los mercados eran "muy favorables al proceso". La ley de televisiones establece que ningún inversor podrá acumular más del 1% de las acciones, y que los pactos de sindicación no podrán rebasar el 2%. Gasparri maneja un plan que destina en torno el 15% al público en general, un 3% a los inversores institucionales y un 2% a los empleados.

El anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, durante un acto celebrado en los estudios de Cinecittá para presentar una serie televisiva sobre la Roma imperial, generó polémica incluso entre sus socios de coalición. No por la privatización en sí, más o menos asumida, incluso por las fuerzas políticas que se oponen a la venta, desde que se aprobó la ley, sino por la gestión de la misma. La supervisión del proceso corresponde al Consejo de Administración de la RAI, "descabezado" meses atrás por la dimisión de su presidenta, la periodista Lucia Annunziata, y en estos momentos controlado por personas fieles a Berlusconi.

Los centristas de la UDC, que componen el flanco menos conservador de la coalición berlusconiana Casa de las Libertades, se unieron inmediatamente a la oposición en la exigencia de que el consejo de administración fuera renovado con urgencia, en términos que reflejaran "el mapa político italiano" y la "neutralidad del proceso privatizador". Forza Italia y Alianza Nacional, en cambio, consideraron que la actual cúpula de la sociedad radiotelevisiva estaba "legitimada" para llevar a término la privatización.

El objetivo final del Gobierno es crear un mercado televisivo totalmente privado con dos polos: uno, el mayor, en manos de Fininvest, el holding del propio Silvio Berlusconi, y otro, de menor tamaño, articulado en torno a la RAI. Existen grandes dudas, sin embargo, sobre la viabilidad de la radiotelevisión pública en condiciones de libre competencia. Mediaset, la sociedad que engloba las televisiones de Berlusconi, tiene 4.300 empleados, frente a los 13.000 de la RAI, y obtiene una audiencia global sólo levemente inferior. Un reciente estudio bancario señalaba que Mediaset gasta al año 195 euros por espectador, e ingresa 266 por publicidad. La RAI, en cambio, gasta 292 euros por espectador e ingresa 120 por publicidad, a los que se suman 157 por el canon (el impuesto obligatorio a todo ciudadano que posea un televisor, aunque la evasión es mucha) y 30 por otros conceptos, como organización de convenciones. Los sindicatos afirman que la privatización comportará un gran número de despidos.