Presupuesto de transición

El objetivo fundamental de cualquier política económica es mejorar la creación de riqueza. Si se añade la etiqueta de progresista, debe aspirar, además, a lograr un reparto equilibrado de la misma mediante el empleo suficiente y una adecuada protección de los ciudadanos.

Los desequilibrios de la economía española (inflación superior a la media europea, abultado déficit con el exterior, alto desempleo, y excesiva temporalidad) tienen su origen principal en la menor dimensión e inferior capacidad para producir bienes y servicios de calidad del tejido productivo español. Elevar la productividad es, por tanto, un elemento clave para afrontar el problema. Consolidar las actuales prestaciones sociales y crear alguna nueva muy demandada por la sociedad (servicios a personas con dependencia), dando un segundo impulso al Estado del bienestar, puede ser la segunda línea de actuación.

La iniciativa privada juega un papel básico en el actual marco socioeconómico, pero el reto implica también a la iniciativa pública. Es habitual escuchar la necesidad de acometer inversiones para mejorar la productividad en infraestructuras, en investigación y desarrollo o en educación. Demandas que añadir a la mejora de los deficientes servicios en justicia o seguridad ciudadana, la solución a problemas como la vivienda, sanidad o el olvido de la protección a la familia. Las preguntas claves son: ¿cuál es el nivel necesario?, y sobre todo, ¿cómo se obtienen los recursos para realizar las políticas asumiendo como elemento positivo una cuentas públicas saneadas?

La posibilidad de introducir cambios significativos en los PGE 2005 es reducida. Esta afirmación se sustenta en el escaso periodo de tiempo dispuesto desde la victoria electoral para modificar normas con incidencia en los ingresos, junto a la decisión de mantener la estabilidad presupuestaria.

Con estas premisas, el Presupuesto presentado es bastante similar a los anteriores, y aunque sus autores han incluido algunas señales que se concretan en avances en algunos epígrafes (I + D + i, vivienda, pensiones mínimas, y enseñanza), el reducido volumen de las partidas incorporadas, junto a la ausencia de una política global en esas áreas, impide considerarlas solución a los problemas acumulados, algunos de mucha gravedad.

Los nuevos responsables económicos han avanzado en transparencia al explicar algunos de los trucos contables utilizados por los anteriores gestores, demostrando que el equilibrio publicitado era en realidad déficit, asumible pero déficit. Esta loable actitud debería tener continuidad renunciando a utilizar la contabilidad creativa (inversiones excluidas del presupuesto aunque se financien por el Estado con créditos incobrables) como instrumento para mejorar los resultados formales. Existen dudas razonables para pensar que esta práctica no va a ser erradicada de inmediato.

La verdadera prueba para evaluar la política económica del Gobierno vendrá en los siguientes Presupuestos, cuando ya se habrá dispuesto del tiempo suficiente para evaluar en profundidad las deficiencias y priorizar el orden y calendario de las políticas elegidas para hacerles frente. Entonces averiguaremos la opción elegida por el Ejecutivo, aumentar el gasto público para mejorar la productividad y la creación de riqueza afrontando activamente las deficiencias de la economía española o, por el contrario, acomodar el presupuesto a los crecimientos autónomos de productividad sin superar el tope de gasto anunciado (el 39% del PIB ya alcanzado en 2003). Para no incurrir en déficit excesivos, la primera solución necesita de mayor presión fiscal, una opción posible aprovechando la gran distancia con los países comunitarios más avanzados (6,3 puntos del PIB) y aplicable no sólo con modificaciones normativas.

La segunda puede renunciar a utilizar el tan denostado en la política actual componente tributario, pero a cambio impone un muy estrecho margen de actuación al depender directamente la elaboración de los Presupuestos de la variable identificada como origen del problema: la baja productividad de la economía española.

Esta decisión puede marcar en buena parte el talante del Gobierno en el terreno económico. Un terreno donde los Gobiernos autonómicos deberían participar más y mejor utilizando todo el potencial de ingresos propios del que disponen para desarrollar correctamente las políticas bajo su competencia, tan importantes como las anteriores para el bienestar de los ciudadanos.

Miguel Ángel García Díaz es director del Gabinete Económico de CC OO.