Los constructores dicen que la Ley de Suelo encarece la vivienda libre

Los constructores y promotores de pisos aseguran que las medidas recogidas en el anteproyecto de ley de Suelo aprobado por el Gobierno agravarán el problema de la vivienda libre en Euskadi, que sufrirá un incremento de precio. Según los constructores, el aumento de reservas de suelo para viviendas de protección oficial (VPO), cuyo precio controla el Ejecutivo, conllevará que cada vez haya menos solares para levantar pisos libres, lo que provocará su encarecimiento. Además, lo que dejen de ganar los promotores con la construcción de VPO se imputará a la libre.

El Consejo de Gobierno dio luz verde en su reunión del pasado martes al anteproyecto elaborado por el Departamento de Vivienda, dirigido por Javier Madrazo. Después de tres años de duras negociaciones y varios meses varado en la comisión jurídica asesora del Ejecutivo, Madrazo consiguió sacar adelante el texto con el apoyo de sus dos socios nacionalistas, PNV y EA. A lo largo de estos tres años, los constructores ya habían mostrado su desacuerdo con varios aspectos de anteriores borradores. Ahora, una vez que el anteproyecto ha sido aprobado y que va a comenzar su andadura parlamentaria para convertirse en ley, presumiblemente antes de que finalice la actual legislatura, los constructores vascos han vuelto a cargar contra la iniciativa.

La Asociación de Constructores de Vizcaya (ASCOVI) considera que el anteproyecto no ha recogido las sugerencias aportadas por los promotores, por lo que "no podemos mostrarnos de acuerdo con las medidas legales que propone". Según ASCOVI, si al final se convierte en ley "el problema de la carestía de la vivienda va a verse agudizado". Así, los constructores vizcaínos confían en que el anteproyecto "se corrija" en su tramitación en el Parlamento de Vitoria.

La Unión de Empresarios de la Construcción de Álava (UNECA) critica, de manera especial, la regulación de los porcentajes de vivienda de protección oficial y la manera de aplicarlos a los diferentes suelos (urbanizables o urbanos). "Es un ejemplo", señala UNECA, "de intervención pública en la acción urbanizadora poco eficiente, que no contribuirá a abaratar el coste del suelo de la vivienda libre".

Ralentizar la edificación

El anteproyecto marca una reserva del 60% de VPO y del 10% de vivienda de precio tasado (que no puede costar más del 30% que una protegida) en los suelos urbanizables. Para los solares urbanos, la reserva es del 10% para VPO y 10% para pisos de precio tasado. Una VPO de alrededor de 70 metros cuadrados de superficie cuesta en torno a los 153.000 euros en una de las capitales vascas.

Los constructores alaveses resaltan que las medidas dirigidas a controlar el precio del suelo mediante reservas de suelo para VPO han producido "un sobrecosto" en el suelo de la vivienda libre, que se ha trasladado a sus precios y ha contribuido a "ralentizar" la edificación. Aseguran que la comunidad autónoma es la menos dinámica en la construcción de viviendas y ofrecen como dato que desde el establecimiento de las reservas de suelo (en 1994 a través de la famosa ley Maturana) se construyen anualmente en el País Vasco 7,6 viviendas por cada mil habitantes, mientras que en el conjunto del Estado este índice es de 13 casas.

UNECA analiza la incidencia de la Ley Maturana (que fija una reserva del 65% para VPO en los suelos urbanizables) en los últimos años y concluye que el precio de los pisos no ha dejado de subir. Antes de la promulgación de la ley, en 1994, los precios de las viviendas libres se incrementaban anualmente una media del 7%. En cambio, "hoy lo pisos libres en Euskadi son un 50% más caros que la media del Estado". Y descontando el efecto inflacionista de los precios, el metro cuadrado de vivienda libre costaba en 2003 un 96% más que en 1994. UNECA advierte al Gobierno de que la reserva de suelo para usos protegidos en los términos planteados en el anteproyecto seguirá produciendo una "transferencia" de costes que tendrá que soportar la vivienda libre. Por ello, propone revisar los porcentajes y destinar el 30% de suelo urbanizable a vivienda de precio tasado y el 35% a VPO.