El juez Guzmán interroga a Pinochet por los crímenes de la Operación Cóndor

El juez chileno Juan Guzmán interrogó ayer al ex dictador Augusto Pinochet en su domicilio en Santiago por su responsabilidad en los crímenes de 19 opositores durante la Operación Cóndor, en la que se coordinaron los aparatos represivos de las dictaduras suramericanas en los años setenta y ochenta. El general afirmó ser inocente y respondió que cuando era presidente no se preocupaba por "cosas menores". Al término del interrogatorio, que duró una media hora, el magistrado dijo que notó a Pinochet "cansado" y calificó el encuentro como "de caballeros".

Acompañado por una secretaria y una escolta de detectives de la policía de Investigaciones, Guzmán llegó a las 10.53 de la mañana de ayer (seis horas más en la España peninsular) a la residencia del ex dictador, ubicada en La Dehesa, uno de los más lujosos barrios de la capital chilena, y se retiró consus dos vehículos una hora después.

La policía de Carabineros puso una valla en los alrededores, que sólo sirvió para alejar a la prensa y a dos manifestantes pinochetistas que llegaron con banderas chilenas. Guzmán, que conocía a Pinochet por una declaración indagatoria anterior -realizada en enero de 2001 en el mismo lugar por los 75 crímenes de la caravana de la muerte- llevaba preparado esta vez un cuestionario con 14 preguntas más algunas subpreguntas.

Las había elaborado cuidadosamente, buscando lograr respuestas afirmativas o negativas, para evitar que el inculpado tuviera que explayarse demasiado, a pesar que hace casi dos meses otro juez, Sergio Muñoz, lo interrogó durante 40 minutos sobre el origen de sus cuentas secretas (hasta ocho millones de dólares depositados en el Banco Riggs en Estados Unidos).

Guzmán y Pinochet se vieron nuevamente las caras en un despacho de la casa. Estaba presente la actuaria y secretaria del juez, Malvina Pinto. La batería de preguntas apuntaba a obtener el testimonio del general de su grado de vinculación con la Operación Cóndor, que en el sumario se ha probado como muy estrecho. Según fuentes cercanas al proceso, el juez quería saber si Pinochet tuvo conocimiento de la reunión que efectuaron en Santiago los directores de los organismos de seguridad de los gobiernos militares suramericanos entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975, dando inicio formal a la Operación Cóndor.

También le preguntó si es efectiva la afirmación en el proceso del coronel Marcelo Moren, un ex agente de la DINA (policía política de la dictadura), respecto de que la Operación Cóndor "la manejaba el presidente de la república, el director de la DINA y un equipo de altos oficiales".

Además, si era efectivo que se reunía y con qué periodicidad con el director de la DINA, el general Manuel Contreras, para imponerse de las actividades de este organismo, y que, como afirma este último en el proceso, que la DINA actuó por orden del inculpado.

Otra pregunta planteada era sobre el conocimiento que tuvo de la detención y destino de Edgardo Enríquez, hermano del líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y dirigente de este grupo, detenido en el exterior y trasladado después a Chile, desde donde desapareció.

Cosas menores

Guzmán dijo que finalmente redujo sus preguntas a seis y que todas fueron contestadas por el ex dictador. Como en ocasiones anteriores, Pinochet defendió su inocencia. Con voz pausada negó los cargos y dijo no tener conocimiento de los casos denunciados, que eran "cosas menores", según fuentes cercanas al proceso.

Después de permanecer una hora en su domicilio, Guzmán se retiró y, una vez en la sede de los tribunales, afirmó que vio a Pinochet más cansado que en la oportunidad anterior.

Uno de los abogados defensores, Gustavo Collao, afirmó que Pinochet tuvo atención médica después de contestar. Dijo que el juez fue muy respetuoso y que el general contestó "con toda la dignidad de soldado, de hombre y de ex presidente".

Los abogados querellantes anunciaron que mañana pedirán al magistrado decretar la detención y embargo de los bienes de Pinochet. Si es procesado, debe ser tomadas sus huellas dactilares y sus fotos de frente y perfil. Los querellantes quieren que Guzmán procese al ex dictador antes del inicio de los exámenes médicos y lo deje detenido en su domicilio, como ocurrió en el proceso de la caravana de la muerte. Por su condición de general, Pinochet tiene derecho a detención domiciliaria. El juez tiene previsto designar la próxima semana a los médicos psiquiatras que examinarán las facultades mentales del ex dictador.