Los crímenes selectivos aumentan en Colombia

El asesinato del sociólogo y catedrático universitario Alfredo Correa de Andreis, el pasado viernes en la ciudad caribeña de Barranquilla, se convirtió en un nuevo campanazo de alerta acerca del peligro de las acusaciones y detenciones arbitrarias realizadas al amparo de la "seguridad democrática", programa bandera del Gobierno colombiano. Correa de Andreis, reconocido en el ámbito universitario por sus investigaciones sobre el drama de los desplazados por la violencia, fue señalado por reinsertados de la guerrilla como ideólogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más poderosa del país.

El 17 de junio fue detenido. Pero los cargos fueron desechados y tras 28 días en prisión recobró la libertad. Dos meses después, fue asesinado por sicarios que se movilizaban en motocicleta. Con él murió su escolta. Fue una muerte anunciada.

No es el primer error cometido sobre la base de informes malintencionados de reinsertados o de testigos sin credibilidad, a los que se paga para que señalen a personas vinculadas con la guerrilla o con los paramilitares. Estos informes han servido también para detenciones masivas o "pescas milagrosas" como las llaman sus críticos. Lo grave es que cuando los detenidos prueban su inocencia y salen de la cárcel, la guerrilla o los paramilitares los amenazan, los asesinan.

El martes último, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, pidió protección para otras tres personas detenidas y luego liberadas y afirmó que en estas capturas pueden estar cayendo inocentes porque algunas se sostienen "sobre pruebas frágiles". Andrés Villamizar, investigador de la Fundación Seguridad y Democracia, asegura que se trata de una herramienta necesaria en la lucha contra el terrorismo, pero que debe ser ajustada. Una señal de los ajustes que realiza el gobierno, dice, es que los índices de personas llevadas ante la Justicia ha aumentado. Michael Fruhling, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, sostiene que las detenciones masivas son un ejemplo de la incoherencia entre la política de seguridad y los Derechos Humanos.

El crimen de Correa de Andreis, además, ha puesto el dedo en la llaga sobre la situación de Barranquilla, la ciudad más importante del Caribe colombiano. En su columna del diario El Tiempo, Armando Bendetti, ex ministro de Comunicaciones, señaló que ni los líderes locales ni los regionales denuncian los insólitos niveles de violencia en esta urbe, en la que se ha registrado el mayor número de asesinatos de sindicalistas y crímenes selectivos en lo que va del año.