Aplazada la decisión sobre el destino de residuos nucleares

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) dejará para 2010 la decisión sobre el destino de los residuos de alta actividad (los más peligrosos) que producen las centrales españolas. La Comisión Europea levantó este mes la obligación de que cada socio construya para 2018 un almacenamiento geológico profundo y permanente. España carece incluso del paso intermedio: un almacén temporal centralizado.

La decisión de la Comisión Europea arroja todavía más incertidumbre al destino definitivo de los residuos nucleares de alta actividad, y de los restos de las centrales que afrontan su desmantelamiento (como es el caso de la de Zorita, en Guadalajara, previsto para 2006).

"En 2010, el Gobierno y el Parlamento deben decidir cuál va a ser la ruta tecnológica que siga España en cuanto a la gestión de residuos", explica Jorge Lang-Lenton, portavoz de Enresa. Dicha fecha límite es la que recoge el 5º Plan General de Residuos, en vigor desde 1999.

Para 2010 debería estar funcionando un almacén temporal centralizado, para el que no existe proyecto. El anterior plan general enumeraba algunas zonas de Córdoba y de Castilla y León donde podría ubicarse el almacén, lo que levantó las protestas de los vecinos potencialmente afectados.

La comisaria europea de Energía, Loyola de Palacio, había realizado dos propuestas que al final fueron retiradas por la Comisión. La primera obligaba a construir bajo tierra (en todos los países de la UE) almacenamientos geológicos profundos (APG).

La segunda directiva unificaba las normas sobre seguridad nuclear, con medidas como la implantación de equipos europeos de inspectores que elaborasen informes unificados, o la creación de un fondo de garantía para afrontar los costes del desmantelamiento de centrales.

"Estas medidas pretendían rebajar los estándares de seguridad en la UE para armonizarlos con los de los nuevos miembros. Además, la construcción de AGP era un balón de oxígeno para la industria nuclear", indica Carlos Bravo, de la organización ecologista Greenpeace.

En España se generan anualmente 160 toneladas de residuos de alta actividad (de las centrales), y 2.000 toneladas de residuos de baja y media actividad (de centrales, industrias y hospitales). Los de baja y media actividad se almacenan en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba); los de alta actividad, en piscinas especiales junto a cada una de las siete centrales operativas. Su gestión le va a costar al Estado, hasta el 2070, unos 10.000 millones de euros.

Los ecologistas abogan por el abandono de la energía nuclear y piden que, entre tanto, se construyan almacenamientos en superficie para controlar mejor los restos. Enresa admite que la actual dispersión de residuos no puede mantenerse indefinidamente.