El Consejo de Ministros aprobará el viernes la reforma de la ley de divorcio

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció durante el mitin de ayer en Bilbao que el Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará el anteproyecto de reforma de la Ley del Divorcio. De forma escalonada, y en sucesivos Consejos, el Gobierno irá dando luz verde al reconocimiento de los matrimonios homosexuales y a las reformas educativas dentro del actual periodo de sesiones.

La próxima reforma que abordará el Gobierno será la presentación en el Consejo de Ministros del día 17 del anteproyecto de Ley del Divorcio que ultima el Ministerio de Justicia y que prevé suprimir la separación como paso obligatorio y agilizar el divorcio. Con esta reforma del Código Civil, se pretende que la disolución matrimonial por mutuo acuerdo tarde menos de dos meses, y la contenciosa, menos de seis. Con la legislación vigente, hay que esperar un año como mínimo. No obstante, se mantendrá la separación, única ruptura admitida por la Iglesia católica, para los cónyuges que opten por ella en lugar de divorciarse.

La reforma reducirá al máximo o suprimirá la necesidad de que se aduzcan causas para la separación en caso de desacuerdo. Ahora se debe apelar al cese de la convivencia durante al menos seis meses, la infidelidad o el alcoholismo.

El hecho de que la separación deje de ser un paso preceptivo para lograr el divorcio agilizará de entrada el proceso de disolución y aliviará el trabajo de los juzgados, según prevé Justicia.

El año pasado recibieron 126.742 demandas de separación y divorcio, un 32,8% más que en 2000. En ese lapso las bodas se redujeron un 3%. En 2003, se celebraron 210.155 matrimonios. Debido a este atasco judicial, la Asociación Española de Abogados de Familia pidió la derogación de la ley en 2001. Entre otras cosas, argumentó las ventajas de que los cónyuges deben abordar un solo proceso en lugar de dos.

La actual Ley del Divorcio lleva 23 años en vigor y éste será el primer cambio que experimente desde su aprobación en 1981 en medio de grandes tensiones en el partido del Gobierno, la UCD. El Partido Popular rechazó revisar la legislación vigente durante sus dos mandatos.