Agenda territorial y política de alianzas

El Consejo de Ministros con que el viernes pasado se inauguró el curso político inició la discusión del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sin mayoría absoluta, el Gobierno necesita apoyos externos para su aprobación en las Cortes. El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha expresado su intención de negociar con todos los partidos, pero quienes ya están en ello desde el ámbito parlamentario han adelantado que la opción preferente es garantizarse la mayoría sumando a los 164 escaños del PSOE los 5 de IU y los 8 de ERC. Un motivo de preocupación es la influencia que el apoyo de esta última formación pueda tener en el que se configura como principal asunto político de la legislatura: la llamada, por la vicepresidenta Fernández de la Vega, "agenda territorial".

Zapatero excluyó tras su victoria formalizar un pacto de legislatura y optó por la búsqueda de acuerdos variables. La hora de la verdad de esa estrategia la marca el debate de Presupuestos, que define las prioridades en torno a las cuales se configura una mayoría con cierta estabilidad, al menos durante un año. Es evidente que ERC no es la CiU de Pujol, principal aliado en el pasado tanto del PSOE como del PP cuando no tuvieron mayoría. Que el acuerdo con Esquerra sea viable, y se prolongue al resto de la legislatura, depende sobre todo de que, en la negociación, el partido de Carod y Puigcercós ponga el acento en su condición de formación de izquierdas -lo que comparte con el PSOE- o en la de formación nacionalista -que es lo que les separa-. Es ahí donde se pondrá a prueba su madurez como partido de gobierno que dice querer ser.

Pero también se pondrá a prueba la del Gobierno. Hasta ahora le ha ido bastante bien renunciando a enfrentarse verdaderamente con nadie, fuera del PP. Y ha sido así por convicción personal de Zapatero y también porque los socialistas necesitan todos los apoyos, incluyendo los de CiU y el PNV, para no perder votaciones en el Senado. Pero a partir del debate de Presupuestos será difícil mantener contentos a todos. Los compromisos de estabilidad presupuestaria, por un lado, y la responsabilidad de garantizar la coherencia del Estado autonómico, por otro, obligarán al Gobierno a decir que no a determinadas propuestas, por legítimo que sea plantearlas.

Las reformas de los estatutos, la propuesta de establecer una distinción entre nacionalidades y regiones en la reforma constitucional y el posible cambio de modelo de financiación autonómica, darán lugar a fuertes tensiones políticas seguramente. El curso que ahora comienza incluye también el gravísimo desafío de la votación del plan Ibarretxe, cuya lógica desemboca en un enfrentamiento entre la legitimidad del Parlamento vasco y la del Parlamento español. Sin embargo, hay motivos para pensar que esos problemas y tensiones podrán canalizarse sin quebranto de la convivencia. Porque, a pesar de bombas como las de ayer en Galicia, ETA está debilitada, porque hay un clima político menos favorable a la bronca, porque las reformas institucionales previstas requieren consenso entre los dos grandes partidos, porque ambos mantienen su pacto antiterrorista. Y porque ni Ímaz es Arzalluz ni Rajoy es Aznar.

El PP, que celebra congreso en octubre, está al acecho de un error de Zapatero en el tema autonómico. Pero primero tendrá que situarse en el nuevo escenario. Como en su día le ocurrió al PSOE, no le tiene cogida la medida a la oposición, y o no llega o se pasa (por ejemplo, respecto a los incendios o a la regularización de inmigrantes). Antes de su congreso, el PP habrá tenido que decidir en la comisión del 11-M si pasa página o sigue con el discurso de cuestionamiento implícito de la victoria socialista. El afianzamiento del liderazgo de Rajoy, que ayer ya dio algunas señales de por dónde irá su política de oposición, pasa seguramente por lo primero: por acreditar la idea de que es posible hacer una oposición exigente sin deslegitimar al Gobierno. Renunciando a la tentación de hacer antigubernamentalismo con un tema europeo, es un buen síntoma su compromiso de pedir el sí en el referéndum sobre la Constitución de la UE, otra gran asignatura de este curso.