La reducción del déficit sanitario en Cataluña

La realización por parte del Gobierno de la Generalitat de que el gasto público sanitario es inferior al que le corresponde por su nivel de desarrollo económico explica que se haya comprometido a converger en dos legislaturas (dos años) con el promedio de gasto público sanitario (como porcentaje del PIB) de los países con igual nivel de desarrollo económico (pacto del Tinell). Esta medida tendrá un enorme impacto en mejorar la calidad y el confort del sistema sanitario de Cataluña. Encuesta tras encuesta, muestran que mientras la población está satisfecha con la atención sanitaria recibida por los profesionales sanitarios así como con la calidad científica y riqueza tecnológica del sistema sanitario, está todavía insatisfecha con el escaso tiempo de visita al médico, el excesivo tiempo de espera para recibir resultados de laboratorio, las largas listas de espera, y otros elementos importantes que definen la calidad del sector y que tienen que ver, en gran parte, con la escasez de recursos.

Recientemente se ha iniciado un debate sobre cómo cubrir este déficit con la UE, un déficit que es considerable. Si nosotros nos gastáramos, por ejemplo, el mismo porcentaje del PIB que el promedio de la UE-15 (que tiene el mismo nivel de riqueza que Cataluña) nos habríamos gastado 1.771 millones de euros más, lo que representa el 31% del gasto público sanitario. Las vías para eliminar este déficit son múltiples. Una es conseguir fondos del propio sistema público a base de aumentar su eficiencia y productividad. Hay bastante consenso, por ejemplo, en que el gasto farmacéutico es a todas luces excesivo (representa el 1,27% del PIB, uno de los porcentajes más elevados de la UE-15, cuyo promedio es el 0,94%, y el crecimiento del gasto farmacéutico es el más elevado de la UE-15 en los últimos cinco años). Los ahorros que podrían conseguirse en el caso de que el gasto farmacéutico se redujera (sin afectar a la calidad de la prescripción) al promedio de la UE serían nada menos que 520 millones de euros, una cantidad 10 veces mayor que la que se conseguiría con el famoso copago de un euro por visita, 53 millones de euros. Estas cifras muestran que la visibilidad mediática de una intervención tiene muy poco que ver con su importancia y relevancia.

Otra vía para obtener fondos es conseguir que el Estado pague a la Generalitat por la población atendida (como son las 299.614 personas extranjeras que viven en Cataluña) que no está contabilizada en la población que el Estado central calcula para la distribución de recursos entre las comunidades autónomas. De considerarse esta población, la Generalitat contaría con 271 millones de euros más. La Generalitat tampoco recibe suficientes fondos para cubrir a las personas atendidas procedentes de otras comunidades autónomas (y que supondrían 38 millones de euros más que los 10 millones recibidos).

Estas medidas y otras (véase El déficit de gasto público sanitario en Cataluña, en www.vnavarro.org) no son, sin embargo, suficientes para cubrir aquel déficit, lo cual abre dos posibilidades. Una es introducir los copagos por visita, de los que el más visible es el copago de un euro, que tiene escasa capacidad recaudatoria y que además penaliza a las personas que necesitan utilizar los servicios con mayor frecuencia tales como ancianos, personas con enfermedades crónicas y personas vulnerables. Otra manera de aumentar la financiación privada es la de cubrir las insuficiencias del sector público a base del aseguramiento privado (tal como las compañías de seguros y mutuas privadas están sugiriendo), medida que significaría la división del sistema sanitario en dos clases de servicios; el sector privado seleccionaría los casos menos necesitados proveyendo más confort hotelero e institucional que la pública, mientras que el sector público con mayor capacidad científica y técnica atendería a ancianos, crónicos y pacientes con mayores necesidades. Se reproduciría así la dicotomía pública-privada que caracteriza el sistema sanitario catalán.

Otra alternativa sería la de incrementar los impuestos finalistas (como el del tabaco, que permitiría recaudar más de 105 millones de euros además de desincentivar su consumo) así como los impuestos directos. En realidad, y en contra de lo que acentúan las culturas políticas y mediáticas dominantes en nuestro país, la mayoría de los países de la UE-15 (incluyendo España) han aumentado sus impuestos durante el periodo 1995-2001. La diferencia entre España y la mayoría de los otros países de la UE-15 es que en España los impuestos directos (de los que los impuestos sobre la renta son los más importantes) han descendido como porcentaje de todos los impuestos, y ello como resultado de las reformas fiscales regresivas del Gobierno conservador. No así en la mayoría de países de la UE-15, que han visto crecer sus impuestos directos. No es cierto, por tanto, que los impuestos (incluyendo los directos) estén descendiendo en todos los países, antes al contrario. En realidad, si nosotros pagáramos el mismo porcentaje en impuestos directos que paga el promedio de la UE-15, recaudaríamos en Cataluña 2.101 millones de euros más, de los que el 33%, 693 millones, podrían ir a enriquecer las empobrecidas arcas sanitarias de la Generalitat de Cataluña. La mayoría de esos impuestos son sobre la renta, con lo cual pagaría el que tiene más, y se aplicaría así el principio (favorecido por la mayoría de la población) de que la sanidad debe financiarse de acuerdo con el nivel de renta de cada uno en lugar del grado de utilización de los servicios. Creerse que se convergerá con la Europa social (meta deseada por la gran mayoría de la ciudadanía) a base de obtener fondos de los usuarios en lugar de los ciudadanos es un indicador del desconocimiento del tamaño del déficit así como de la escasa sensibilidad hacia la justicia social, solidaridad y cohesión social que la población desea.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la UPF.