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EL DERECHO DE GUERRA

El Pentágono abre puertas en Guantánamo

Forzado por el Tribunal Supremo, EE UU revisalos casos de 590 presos tras dos años y medio sin juicio

Forzado por el Tribunal Supremo, el Gobierno de Estados Unidos ha iniciado un proceso de transformación del penal situado en la base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba, que abre la puerta a la liberación de decenas de detenidos y se la cierra, en gran medida, a sus propios objetivos de mantener un limbo judicial donde interrogar indefinidamente a los supuestos terroristas. Bajo los esquemas de Washington, el acceso al mundo exterior desincentiva las confesiones, y eso es precisamente lo que ha empezado a suceder esta semana con la inauguración de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente Enemigo.

Por primera vez en dos años y medio, los 590 presos de Guantánamo tienen oportunidad de solicitar una revisión de sus casos. Cerca de 40 detenidos ya han comparecido en los últimos días y al menos cinco se han negado a hacerlo, en claro desafío a sus captores. Al tratarse, sin embargo, de un proceso administrativo, los detenidos no cuentan con las garantías procesales de un juicio convencional -no tienen derecho a un abogado ni a revisar las pruebas "clasificadas" en su contra, entre otras limitaciones-, pero el Pentágono asegura que es un proceso "justo e imparcial".

La Casa Blanca insiste en que la Convención de Ginebra no ampara a los detenidos

Al final del proceso, unos serán liberados y otros esperarán a que se les formulen cargos

En cualquier caso, es un proceso que en absoluto representa una admisión del Gobierno de haberse equivocado, sino que ha sido convocado deprisa en respuesta al fallo del Supremo, que en junio otorgó a los detenidos derecho de apelación. La decisión de los magistrados asestó una fuerte derrota a la Casa Blanca, cuyo argumento central en la guerra contra el terrorismo ha sido que los detenidos no están amparados por la Convención de Ginebra al no pertenecer a un Ejército tradicional. En su lugar, los catalogaron como "combatientes enemigos", una categoría legal que data de 1942 que autoriza detenciones "mientras dure un conflicto.

En opinión del presidente del Instituto de Justicia Militar de EE UU, Eugene Fidell, el Gobierno está actuando demasiado tarde. "Hace mucho tiempo que tenían que haber establecido un proceso de revisión, lo correcto hubiera sido después de arrestarles, porque el paso del tiempo puede impedir que los detenidos consigan pruebas para defenderse y eso es injusto", explica Fidell.

El propósito del nuevo tribunal administrativo es exclusivamente el de determinar si son "combatientes enemigos", no de declararles culpables o inocentes de algún delito. Esto último es materialmente imposible, puesto que a los cautivos, salvo a cuatro de ellos, nunca les han formulado cargos. Tal "limbo jurídico" ha sido denunciado por grupos de derechos humanos y otros colectivos, y dio origen también a una demanda de 16 detenidos en la que se ha fundado el fallo del Supremo.

El problema es que el dictamen es impreciso, sólo afirma que los presos pueden "recurrir ante un juez u otro órgano decisorio neutral", pero no especifica cuáles, o si deben ser civiles, militares o ambos. Las partes interesadas han aprovechado la ambigüedad para interpretarlo a su conveniencia: los defensores de los presos entablando recursos de hábeas corpus ante la justicia federal, y el Pentágono creando el procedimiento de revisión en un intento de neutralizar los recursos (hay más de 60), bajo el argumento de que ya les ha permitido recurrir.

Queda por ver si la estrategia del Pentágono va a funcionar, pero de momento los grupos defensores de los detenidos han sufrido un revés judicial. Habían presentado varias demandas solicitando la anulación de los tribunales administrativos y el jueves pasado un juez dio la razón al Gobierno, aunque al mismo tiempo prohibió que los testimonios prestados en dichos tribunales puedan usarse como prueba en otros procesos judiciales civiles. La salvedad es importante porque los detenidos están testificando sin abogado y todo lo que digan les puede incriminar en futuros juicios militares.

Cada tribunal está formado por tres militares "neutrales". El principal responsable, el general Gordon England, dice que esperan revisar 72 casos a la semana. Al final del proceso, unos serán liberados y otros seguirán recluidos a la espera de que se les formulen cargos, en cuyo caso serían juzgados por tribunales militares, que son procesos completamente independientes de los administrativos. El Pentágono los ha denominado "comisiones" para diferenciarlos, pero son en realidad juicios militares con menos garantías que los consejos de guerra, y pueden conllevar pena de muerte.

Los primeros juicios militares están previstos a fines de mes. Entre los que van a comparecer está el ex guardaespaldas de Osama Bin Laden, Salim Ahmed Hamdan, un yemení de 34 años acusado de presenciar la planificación de los atentados del 11-S y los de de las embajadas de Tanzania y Kenia. Hamdan se ha quejado a través de su abogado, Charles Swift, de que fue maltratado al ser detenido en Afganistán y de que en Guantánamo está en una celda de aislamiento. Swift afirma que su cliente tiene "instintos suicidas y está desorientado".

Fuentes militares señalan a este diario que el Pentágono tiene de antemano preseleccionados entre 120 y 140 detenidos para una posible liberación o entrega a sus países de origen. El número de liberados en los últimos dos años asciende a 151, al menos cinco de los cuales han vuelto a Al Qaeda. De acuerdo a las mismas fuentes, un factor que les ha situado en la puerta de salida ha sido el que ya no provean información valiosa en los interrogatorios.

Guantánamo ha girado desde el comienzo en la obtención de información sobre Al Qaeda. El militar a cargo de las interrogaciones, Esteban Rodríguez, lo compara a un rompecabezas en el que van casando las piezas. Las confesiones habrían servido, por ejemplo, para abortar un atentado contra los próximos Juegos Olímpicos en Atenas. Los detenidos cooperaban para poder conseguir más duchas o más recreos, pero ahora, sabiendo que un juez puede decretar su libertad, ¿para qué van a hablar?

Al perder el penal de Guantánamo su utilidad como centro de interrogatorios, el Pentágono se está planteando el traslado de lo que llama "operaciones de inteligencia" a la base de Bagram, en Afganistán. Por esa razón no ha habido recientemente nuevos ingresos de detenidos en Guantánamo.

Una base sin capellán islámico

El capellán musulmán de la base naval de Guantánamo, acusado hace un año de espionaje y posteriormente exonerado de toda culpa, James Yee, ha abandonado esta semana el Ejército de EE UU.

En la carta de renuncia dirigida a sus superiores dice que las acusaciones "le han dañado irreparablemente su reputación" y le han "destruido" su carrera militar.

Yee, de 38 años, se había graduado en la prestigiosa academia militar de West Point y había alcanzado el grado de capitán. Su vida profesional dio un vuelco cuando fue detenido hace un año en Florida con documentos supuestamente clasificados sobre los detenidos de la base de Guantánamo.

Los investigadores le achacaron la intención de espiar para organizaciones terroristas, aunque al final los únicos cargos que formularon en su contra fueron los de cometer adulterio y descargar pornografía en un ordenador militar.

Yee, de origen chino, se convirtió al islam en Siria, donde se trasladó para estudiar el islam después de combatir en la primera guerra del Golfo, en 1991. Volvió a Estados Unidos en 1995 y decidió reingresar en el Ejército como capellán musulmán.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de agosto de 2004

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