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EL DERECHO DE GUERRA

La Cruz Roja exige visitar a los detenidos en las prisiones secretas de EE UU

La organización pide un "marco jurídico claro" para las bases de Guantánamo y Bagram

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), garante del derecho humanitario, ha pedido a las autoridades estadounidenses un "marco jurídico claro", no sólo para los detenidos en la base de Guantánamo, en Cuba, sino también para los presos que Washington mantiene en diferentes centros de detención en Afganistán, sobre todo en Bagram, cerca de Kabul. El CICR, que ha realizado "observaciones" sobre las condiciones de detención en estas bases, también ha mostrado su preocupación por lo que el Pentágono llama "lugares no desvelados", y la prensa internacional y las ONG de derechos humanos, red de prisiones secretas de EE UU, a las que la Cruz Roja no ha logrado tener acceso.

En un documento de finales de julio titulado Centros de detención relacionados con el 11-S y sus consecuencias, el CICR señala la existencia de estas prisiones secretas, denunciadas por diarios como The Washington Post y The New York Times y por organizaciones de derechos humanos. "El CICR ha pedido reiteradamente a las autoridades estadounidenses acceso a esos lugares y hasta ahora no hemos obtenido respuesta", aseguró el viernes desde Ginebra Florian Westphal, portavoz de la organización. "Nuestras inquietudes sobre la ausencia de marco jurídico claro no sólo se refieren a Guantánamo, sino a los centros de detención de Bagram y Kandahar [Afganistán]", agregó Westphal.

El CICR mantiene una estricta confidencialidad sobre las observaciones que realiza en los lugares de detención que visita. En el documento se limita a señalar que "las observaciones sobre ciertos aspectos de las condiciones de detención y el trato a los detenidos en Bagram y Guantánamo no han sido respondidas de forma adecuada".

Sobre los procesos administrativos que están teniendo lugar actualmente en Guantánamo, el portavoz de la Cruz Roja prefirió mantenerse dentro de la confidencialidad y aseguró: "Lo que tengamos que decir se lo comunicaremos primero a las autoridades estadounidenses". "Estamos observando si este procedimiento contribuye a clarificar el estatuto jurídico de los detenidos", señaló.

Cuando estalló el escándalo de las torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Human Right First sacaron informaciones sobre la red de prisiones secretas que Washington ha establecido en el mundo desde el 11-S y que violan la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, un estatuto que el Pentágono no reconoce a los presos de Al Qaeda. "El Gobierno de EE UU, en coordinación con aliados clave, mantiene una red invisible de prisiones y centros de detención en los que miles de sospechosos han desaparecido sin dejar rastro desde que comenzó la guerra contra el terror", ha escrito el periodista británico Jason Burke, autor de Al Qaeda. La verdadera historia del islamismo radical (editado en España por RBA).

Burke cita una frase de Cofer Black, antiguo responsable de antiterrorismo de la CIA, que explica la visión de muchos altos funcionarios de la Administración de Bush sobre el combate contra Al Qaeda: "Hay un antes y un después del 11-S. Tras los atentados, nos hemos quitado los guantes". Human Rights Watch califica estas prisiones de "agujeros legales" y mantiene que la única novedad del escándalo de Abu Ghraib es que allí las torturas fueron fotografiadas. "Este patrón de abusos no fue el resultado de actos de soldados individuales que rompieron las reglas. Es el resultado de decisiones tomadas por la Administración de Bush para ignorar esas reglas", asegura HWR. Bajo el significativo título de 'Ninguna guerra está por encima de la ley internacional', el presidente del CICR, Peter Kallenberger, publicó en mayo un artículo en Financial Times en el que, sin violar la confidencialidad de la organización, señalaba: "La lucha contra el terrorismo sólo puede tener legitimidad mientras no mine los valores básicos compartidos por la humanidad".

Anthony Dworkin, uno de los responsables del proyecto Crímenes de Guerra, que reúne a cientos de expertos, y editor de la página web crimesofwar.org, es mucho más rotundo. "La guerra contra el terrorismo de EE UU representa un enorme peligro para la autoridad del derecho humanitario internacional", afirmó ayer. "La efectividad de este cuerpo legal, que pretende preservar todo lo posible la humanidad dentro de un conflicto, depende de un acuerdo claro sobre ciertos principios. EE UU ha reescrito unilateralmente estos principios de forma que su aplicación se ha convertido en una cuestión mucho más subjetiva", agrega este periodista estadounidense.

El Pentágono, que mantiene que las torturas de Abu Ghraib fueron realizadas por un puñado de soldados aislados, que no recibieron órdenes, sino que las incumplieron, ha defendido siempre que la Convención de Ginebra no puede aplicarse a los prisioneros de Al Qaeda, aunque, desde mayo de 2003, sí a los talibanes. Como señaló la Casa Blanca, "serán tratados humanamente y siguiendo los principios de la Convención, pero no recibirán el estatuto de prisioneros de guerra". Algunos de esos presos, los que fueron trasladados a Guantánamo o los de Bagram, recibieron el escurridizo estatuto de "combatientes enemigos".

La Convención de Ginebra en Irak

La Convención de Ginebra ha estado vigente en Irak desde que comenzó la invasión, en marzo de 2003, hasta el 28 de junio, cuando se produjo el traspaso de poder al Gobierno interino iraquí. "Tras el traspaso de poder en aplicación de la resolución 1564 de Naciones Unidas, el estatuto jurídico en el país ha cambiado y, desde el punto de vista del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es muy importante para comprobar el derecho que se aplica a las diferentes categorías de prisioneros", explicó Rana Sidani, portavoz de la organización. Al dar por finalizado el conflicto entre una coalición dirigida por EE UU y el Estado iraquí, el país ha dejado de estar cubierto por la Convención de Ginebra de 1949 y las actuales hostilidades son calificadas como "un conflicto armado no internacional con la presencia de fuerzas extranjeras", dijo Sidani.

Esto no quiere decir que no exista ninguna protección del derecho internacional humanitario, sino que se aplica el artículo 3º, común a las cuatro Convenciones de Ginebra, calificado por el CICR como "un minitratado". Prohíbe los ataques contra civiles, heridos, detenidos y por motivos de raza, religión y credo. Como subraya el CICR, la declaración de derechos humanos también es aplicable. Según la Cruz Roja, hay tres tipos de detenidos actualmente en Irak, entre ellos el ex presidente Sadam Husein que ha sido visitado por el CICR, y cada categoría está protegida por un derecho diferente. Pero, por encima de este complicado mapa jurídico, el CICR insiste en que los miles de detenidos, "sea cual sea el crimen que hayan cometido", deben tener derecho a un proceso justo y a la protección del derecho humanitario internacional, que empezó a perfilarse en el siglo XIX y que, según organizaciones de derechos humanos, en el siglo XXI ha vuelto a sufrir un varapalo con la guerra contra el terror.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de agosto de 2004

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