Zapatero pone en marcha la 'España plural'

El nuevo proceso autonómico español inicia su andadura entre sonrisas corteses y recelos no disimulados, tras la estela federalista que ha empezado a marcar el catalanismo del Gobierno tripartito de la Generalitat. En su propósito de restablecer las relaciones entre el Gobierno central y el conjunto de las comunidades autónomas, José Luis Rodríguez Zapatero se ha aplicado con esmero a la diplomacia de los gestos, de forma que los presidentes autonómicos han encontrado siempre la enseña de su comunidad en la puerta de La Moncloa, en la sala de reuniones y en el salón de prensa. Para acentuar el mensaje implícito de "vosotros también sois el Estado", Rodríguez Zapatero ha mostrado a sus invitados las dependencias del palacio presidencial y ha prodigado los detalles de proximidad, en un alarde de receptividad y buenos modales.

Todos los presidentes se han mostrado a favor de convertir el Senado en Cámara territorial

La "ronda de las sonrisas autonómicas", como podría llamársele a esta serie de encuentros, le ha permitido a Zapatero recabar de las comunidades autónomas el compromiso de que participarán en el proyecto de "la España plural", el nuevo impulso autonómico que contempla la eventual reforma de los estatutos y la modificación de determinados puntos de la Constitución. Todos los presidentes autonómicos se han mostrado de acuerdo en la transformación del Senado en una verdadera Cámara de las autonomías, así como en las modificaciones constitucionales previstas. Y todos, a excepción, quizá, de Juan José Ibarretxe -al lehendakari le han entrado las dudas al llegar a casa-, han comprometido su asistencia a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, prevista para noviembre.

De entrada, el presidente del Gobierno central les ha ofrecido la posibilidad de participar en las cumbres internacionales que España celebre con sus países fronterizos y de disponer de uno de los dos delegados que el Ministerio de Administraciones Públicas tiene en la Representación Permanente ante la Unión Europea para que puedan defender por sí mismos aquellos asuntos sectoriales que les afecten de manera más directa. Y les ha mostrado su intención de buscar la fórmula adecuada para que las comunidades autónomas españolas cuenten con algún tipo de representación en el Consejo de Ministros europeo.

Ni que decir tiene que los líderes autonómicos se han mostrado encantados con estas ideas, aunque la buena disposición y el mejor talante no disuelven por sí mismos las tensiones territoriales y políticas, ni eliminan los grandes recelos que el proyecto de "la España plural" suscita, preferentemente, pero no sólo, en las comunidades dirigidas por el Partido Popular. El jefe del Gobierno central ha tenido que tomarle la temperatura a la acusada irritación de los presidentes de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP, por la anulación del trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el anterior Ejecutivo; ha templado gaitas con el presidente de Baleares, Jaume Matas (PP), que no se conforma con los 2.500 millones de euros comprometido por el Gobierno precedente y reclama otros 2.225 millones más para educación y sanidad. Ha comprobado con asombro que la reivindicación más importante del presidente de una de las autonomías uniprovinciales es, en realidad, el control del centro regional de TVE.

Con algunas excepciones, las más notables las de Pasqual Maragall (Cataluña) y la de Juan José Ibarretxe (Euskadi), Zapatero ha escuchado también desde otros puntos cardinales de la geografía española voces alarmadas por la falta de concreción del modelo federalista abierto -no hay más techo que los que establezcan los parlamentos autónomos y las Cortes-, junto a advertencias, como la de Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) sobre la necesidad de garantizar la igualdad efectiva de derechos de todos los ciudadanos españoles. Valencia, Andalucía, Canarias, Cataluña y Euskadi son las comunidades que se han mostrado dispuestas a reformar sus estatutos. En realidad, la mayoría de las comunidades presididas por el Partido Popular no sienten la necesidad de la reforma, pero tampoco están dispuestas a quedarse al margen del proceso.

El PP no quiere ser tachado de partido antiautonomista y poner en riesgo el gran poder territorial del que ahora dispone. También sus presidentes regionales reclaman el "café para todos" como forma de curarse en salud ante un proceso que, a su juicio, acentuará las diferencias entre las autonomías de "primera" y las de "segunda". Algunas ya han anunciado que, llegado el caso y el momento, exigirán para su comunidad el mismo nivel de competencias que el que obtenga la comunidad que más haya avanzado en su autogobierno. Si lo hacen, algunas de ellas pueden descubrir que, frente a lo que predica el nacionalismo vasco, la ecuación "a más autogobierno, mayor bienestar", no siempre resulta verdadera.

Por lo demás, el grado de ebullición territorial actualmente latente se ilustra con el dato de que el pasado año se duplicaron los conflictos de competencia frente a la Administración central presentados en el Tribunal Constitucional.

La reapertura del "melón territorial", dirigido a establecer un marco autonómico más cómodo que permita vertebrar mejor a España y envolver en lo posible a los movimientos secesionistas, conlleva el riesgo de destapar los agravios comparativos y desatar dinámicas poco controlables. Aunque Zapatero ha contado en este terreno con la prudencia política del líder del PP, Mariano Rajoy, que no ha obstaculizado la ronda autonómica, el presidente del Gobierno central necesitará de toda su habilidad, y algo más quizás, para conseguir que la nueva arquitectura autonómica de geometría variable que se dibuja en el horizonte no se le vaya de las manos ni haga chirriar la estructura del edificio común.

Zapatero, que debe mucho a Maragall y al granero de votos y diputados de los socialistas catalanes, puede verse desarbolado por los poderosos vientos catalanistas de un PSC -partido independiente estatutariamente del PSOE-, que quiere asentarse a toda costa en la centralidad política catalana, un espacio de magma nacionalista del que ha desplazado a Convergència. Porque no puede decirse que la descarnada franqueza de Pasqual Maragall, su valentía política al pretender que todas las cartas se pongan sobre la mesa, contribuyan siempre a arropar a Zapatero. Como tampoco puede decirse que todas y cada una de las declaraciones públicas del líder catalán, el otro gran protagonista de este proceso y la punta de lanza del federalismo, deban contabilizarse como inequívocas contribuciones a la causa.

Tras obtener el traslado de Madrid a Barcelona de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el compromiso de que las comunidades autónomas estarán presentes tanto en los consejos de administración de las empresas estatales de transportes Renfe y AENA, como en la gestión de los aeropuertos, Maragall aludió a la conveniencia de aprovechar la reforma constitucional prevista para introducir un reconocimiento explícito de la singularidad de las autonomías consideradas históricas: Cataluña, Euskadi, Navarra y Galicia. Toda una declaración de federalismo asimétrico -expresión nada ortodoxa, puesto que vincula términos contradictorios entre sí- y una invitación a que otras comunidades echen también mano de la historia, y de la interesada interpretación de la historia, para asentar sus reivindicaciones presentes. ¿Cómo decirles a Aragón, Asturias, la Comunidad Valenciana y a tantas otras comunidades que carecen del suficiente poso histórico?

En contraste con el estancamiento de las aguas políticas vascas, Pasqual Maragall está consiguiendo que la España autonómica entre en un grado de efervescencia. Devoto, quizás, de la máxima según la cual los cambios que no se hacen en los primeros seis meses de Gobierno quedan paralizados por la dictadura del status quo, Maragall ha abierto muchas puertas a la vez y ha tenido que cerrar precipitadamente algunas de ellas, una vez vistos los interiores y oído el estrépito que han suscitado sus movimientos. Sin abandonar el criterio de "pagar por renta y cobrar por población" y a la búsqueda de una nueva fórmula de financiación autonómica, un asunto clave en su modelo, el líder del PSC se ha interesado en los Conciertos Económicos y ha descubierto que este régimen especial, más propio de un modelo confederal, es un privilegio que, en su opinión, les ahorra a los vascos y navarros la efectiva solidaridad financiera con el resto de España. Las cuentas no salen, porque si todo el mundo se apunta al Concierto vasco, el Estado español entraría en bancarrota.

Con razón o sin ella, el cuestionamiento del Concierto Económico vasco, expresamente reconocido en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, no deja de ser un asunto explosivo que ilustra sobre los riesgos y complejidades que entraña la apertura incontrolada de los "melones autonómicos constitucionales". Al presidente de la Comunidad Navarra, Miguel Sanz (UPN), le ha faltado tiempo para indicar que cree haber entendido que el presidente del Gobierno central apoyaría la eliminación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución que posibilita la unión de Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca. Y en este terreno, Miguel Sanz cuenta con el respaldo de la oposición socialista, que encabeza el nuevo secretario general del PSN, Carlos Chivite.

Aunque Rodríguez Zapatero ha anunciado que la reforma constitucional quedará acotada al Senado y a las leves modificaciones que permitirán inscribir en la Carta Magna el listado de comunidades autónomas, una mención a la Constitución europea y eliminar la discriminación de la mujer en el acceso al trono, Pasqual Maragall habla de una Constitución abierta. "No diré abierta por los cuatro costados, pero abierta", ha advertido.

Aceptado, como dice Maragall, que él es raro, que Cataluña es rara, que el PSC es raro, que España es rara y que el PSOE es el reflejo de España, y establecido que éste es un tiempo nuevo, abierto, propicio para soñar con la cuadratura del círculo y con todos los españoles perfectamente acomodados en una España vertebrada, la tarea que ocupará a Zapatero en la presenta legislatura se presenta inmensa y compleja. Si el proyecto de "la España plural" encalla, no será, desde luego, por falta de diálogo o de audacia.