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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Cataluña es Estado

La prometida España plural de José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall empieza a tomar forma después de la entrevista de ayer en La Moncloa entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat catalana. En ella se formularon las ideas más generales para su desarrollo y las cuestiones a explorar, pero también se apuntaron las divergencias. El formato (una larga reunión de trabajo con papeles de por medio), el tono (cordial, sin victimismo) y la escenografía (con la senyera junto a la bandera española) señalan la diferencia respecto al pasado de unas relaciones Gobierno-Generalitat marcadas por el regateo de corto vuelo y la falta de definición del marco de juego al que se aspiraba. A diferencia de Pujol, Maragall subrayó el hilo conductor de la "confianza federal", un equivalente, en más autonomista, de la siempre reclamada "lealtad constitucional". Parte de una afirmación constitucional de Maragall: Cataluña es Estado; se entiende, Estado español.

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Y junto al debate de ideas, decisiones. Barcelona acogerá la sede de un organismo regulador (la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones), en un inicio de descentralización según un modelo federal que tiene como función cohesionar el Estado. La capital catalana será también sede de una nueva reunión de la Conferencia Euromediterránea, en 2005, en el 10º aniversario de la primera, como expresión de la voluntad de comprometer a todos, territorios y ciudades, en la vocación internacional común. Maragall acompañará a Zapatero en su viaje oficial al sur de Francia, lo que da alas al proyecto de la eurorregión. Y, finalmente, la Generalitat se incorporará a la gestión del aeropuerto barcelonés (así como la cogestión ferroviaria), en otra pista de la voluntad de cooperación entre las distintas administraciones.

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Otros asuntos quedaron más bien como componentes de la agenda de trabajo que como doctrina asentada, pese al excesivo empeño de Maragall en darlos por acordados o casi resueltos: especialmente la pretensión de detallar en la Constitución cuáles son las "nacionalidades históricas" y cuáles no, algo que generará un fuerte debate público entre argumentos de distinto signo (ninguno en principio desdeñable) y que de ninguna manera puede darse por cerrado: por eso tuvo que matizar tanto entusiasmo el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. O la propuesta de la cooficialidad lingüística generalizada, cuyo alcance y detalles están por desvelar y debatir. O los principios de la nueva financiación autonómica, aún demasiado genéricos.

Pese a estas reservas y a que haya que rebajar algunas versiones entusiastas, ha quedado trazada la hoja de ruta para una tarea llena de asperezas polémicas. Especialmente delicados son los equilibrios que debe guardar el presidente del Gobierno: su tarea y su mérito están en asumir esos envites y encauzarlos.

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