Chile investigará al ex dictador Pinochet por fraude y cohecho

El ex dictador Augusto Pinochet, de 88 años, se enfrenta a una de las más complejas situaciones desde su detención en Londres con las investigaciones que se abren en Chile y EE UU sobre sus cuentas en el Riggs Bank estadounidense, de entre cuatro y ocho millones de dólares. Además de la primera acción judicial iniciada en Chile por este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago nombró ayer al juez Sergio Muñoz para investigar la denuncia criminal contra Pinochet por los delitos de fraude al fisco, malversación de fondos y cohecho.

Se espera que el Consejo de Defensa del Estado (organismo autónomo que vigila el buen uso de los recursos estatales) comience otra causa judicial para determinar el origen de este dinero. El Parlamento chileno esperaba aprobar ayer una comisión investigadora, pero a última hora de la noche esta opción se complicó. Mientras tanto, el presidente George W. Bush se comprometía a "una completa investigación".

Dos conocidos juristas en el campo de los derechos humanos, la abogada Carmen Hertz, viuda de una víctima de la caravana de la muerte, y su colega Alfonso Insuza, querellante por el crimen del español y funcionario internacional Carmelo Soria, iniciaron la primera acción judicial contra el ex dictador por sus cuentas en el banco Riggs. El juez Muñoz, uno de los de mayor prestigio en el país, deberá determinar si hay antecedentes para desaforar a Pinochet por sus depósitos en el exterior. Según Hertz, los comportamientos ilícitos del ex dictador han constituido delitos contra Chile, España, EE UU y las víctimas de los crímenes por las violaciones a los derechos humanos, "ya que todas las maniobras de ocultamiento que él hace, coludido con altos ejecutivos del Riggs Bank, tienen por objeto eludir el embargo que decretó el juez Garzón con la acusación en España". La abogada criticó que Pinochet pudiera hacer transacciones bancarias y cobrar en persona cheques después de que la Corte Suprema lo declarara demente senil para sobreseerlo por los 75 crímenes de la caravana de la muerte.

La derecha se desmarca

La formación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados de las cuentas del ex dictador estaba en jaque en el Parlamento, pese a contar con el apoyo de todos los partidos, porque la derecha condicionó sus votos a que se formara otra comisión para investigar irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas, que están en manos de la justicia, a lo que se negó el oficialismo. Con su candidato para la elección presidencial de 2005 en campaña, el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, la derecha no se solidarizó en esta ocasión con el ex dictador, como lo hizo cuando fue acusado de crímenes. Aunque el condicionamiento de la derecha deja en suspenso la comisión parlamentaria, al no apoyar a Pinochet, éste quedó aislado para explicar cómo alguien con el sueldo de general y presidente, entre seis y siete mil dólares mensuales en esa época, puede reunir una fortuna de ocho millones de dólares. Sus dirigentes más lúcidos han señalado que la revelación de estas cuentas manchó el activo de menos corrupción respecto de otras dictaduras latinoamericanas, con el que la derecha cree que terminaron los 17 años de régimen militar. También influyó en sus filas el compromiso de investigar de Bush, que planteó el lunes al recibir al presidente Ricardo Lagos, de visita en Washington, y el hecho de que la subcomisión del Senado norteamericano que indagó al Riggs era integrada por republicanos y demócratas.

El clima en la derecha es hasta de malestar. Una ex ministra de Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga, pariente de Pinochet (nieta de una hermana de un abuelo del general), sintetizó esta sensación al afirmar: "Mi ingenuidad ya no llega al punto de [creer] que en 17 años de gobierno se puedan juntar ocho millones de dólares (...), nadie puede juntar ocho millones de dólares con un sueldo de empleado público". Sin apoyo político y con una decisión pendiente de la Corte Suprema sobre si ratifica o no el desafuero de Pinochet de la Corte de Apelaciones de Santiago, por los crímenes de la Operación Cóndor, sus hijos salieron a defenderlo, separados por rencillas, pero con similar mensaje. Lucía, hija mayor de Pinochet, dijo que su padre sufrió una especie de shock al enterarse y barajó la hipótesis de que los fondos provengan de donaciones que le hizo un grupo de partidarios de la dictadura, después que fuera derrotado en el plebiscito de 1988, con el que quería perpetuarse en el poder. "Ellos sabían que si perdía iba a quedar a merced de sus peores enemigos", afirmó. Más detalles aportó el hijo menor del general, Marco Antonio, quien la semana pasada había negado la existencia de las cuentas, y ayer las reconoció, atribuyendo su origen a "fondos extranjeros" donados por privados.

Esta explicación apunta a debilitar una comisión investigadora parlamentaria, pues por uno de los acuerdos de la transición los diputados no pueden investigar temas anteriores al término de la dictadura, en 1990, y las acciones del Consejo de Defensa del Estado, al sostener que no hay fondos públicos implicados. Los abogados del general, entretanto, apelaron al mismo expediente que han usado en los casos por violaciones a los derechos humanos: el general no está en situación de contestar, por razones de salud, según ellos.