18.400 opositores tienen que volver a examinarse al ser anulada la prueba

La decisión es definitiva. El informe de la Comunidad ya había confirmado la semana pasada que las sospechas de trampa en las oposiciones a auxiliar administrativo eran fundadas, y ahora el tribunal calificador de los exámenes los ha anulado en función de las pruebas aportadas. Un total de 18.400 aspirantes se examinarán de nuevo "en septiembre u octubre", pero con cambios: un nuevo tribunal cuyo presidente escogerá todas las preguntas, y un llamamiento único, "con el fin de evitar al máximo las filtraciones". Un juez investigará lo ocurrido con el fin de "depurar responsabilidades".

"No queremos demorar más la incertidumbre". El deseo del director general de la Función Pública, Miguel Ángel López, y el de los 18.400 aspirantes a las 364 plazas de auxiliar administrativo de la Comunidad se ha cumplido. El tribunal calificador de las pruebas ha admitido la contundencia de los datos aportados por el informe de la Consejería de Justicia e Interior en el que constaban las "posibles irregularidades" en los primeros exámenes de la oposición, celebrados el 8, 9 y 12 de mayo, y ha decidido anular las oposiciones.

Todo comenzó cuando en la tarde del día 8 de mayo una persona oculta bajo el seudónimo beatben12 difundió en un foro de Internet hasta 31 preguntas de los exámenes posteriores, presentándose como una opositora que ya había hecho las pruebas y que quería confirmar las respuestas. Cuando se destapó la impostura, y tras entrevistar a los denunciantes en varias ocasiones, la Comunidad pretendió anular sólo las preguntas filtradas. Pero con un estudio estadístico más profundo de las notas de todos los examinandos comprobó que 70 de ellos habían obtenido un 100% de respuestas correctas en la parte teórica del examen, sextuplicando el porcentaje de aspirantes brillantísimos de la convocatoria anterior. 70 genios frente a 9 en 2003 es una "distorsión estadística cuando menos anómala", según el Gobierno regional.

Ante estas conclusiones, López remitió una carta hace cuatro días al presidente del tribunal calificador -órgano autónomo y soberano para decidir sobre la suerte del proceso- en la que le instaba a "ponderar los posibles perjuicios que pudieran derivarse" de seguir adelante con las oposiciones. Además de recordar al tribunal "el desconcierto" y la "alarma social" provocada entre los opositores, el texto recalca que es preciso "mantener la confianza en los procesos selectivos de la Comunidad". En aras de garantizar "la protección de los principios fundamentales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública", la carta sugiere veladamente la anulación de las pruebas.

Las pruebas se han anulado y ahora toca continuar la investigación para determinar el origen de la filtración. Aunque en Función Pública tienen sus "sospechas" sobre el culpable del embrollo, serán los tribunales quienes lo desenmascaren. El juez podrá pedir al tribunal los códigos de barras que esconden las identidades de los 70 aspirantes que acertaron el 100% de las respuestas y trazar el recorrido del ordenador de beatben12 para identificarle y determinar quién filtró las pruebas.

La Comunidad insiste en que, dado que las notas de los exámenes no se han hecho públicas antes de descubrirse la trampa, las pruebas fraudulentas son "un acto de trámite" que no ha generado derechos subjetivos entre los que creen haber aprobado, por lo que los recursos contra la anulación de las pruebas no tendrían posibilidad de invalidar la decisión de comenzar de nuevo.

A partir de ahora, "y con la tristeza que ha provocado todo este asunto", López ha tomado decisiones para evitar filtraciones en el futuro. El primer examen de las oposiciones, "que se celebrará a finales de septiembre o principios de octubre si se encuentran los sitios apropiados", se hará en un sólo llamamiento, y no en dos como hasta ahora, algo que se reclama con insistencia en el foro donde apareció beatben12.

El tribunal será destituido y sólo el presidente que se nombre propondrá las preguntas de los exámenes. Así, los vocales ya no intervendrán en la elaboración de los exámenes: el presidente redactará seis pruebas, de las que se elegirán dos por sorteo: una para el llamamiento único y otra para el de incidencias, al que concurrirán quienes por fuerza mayor deben retrasar su presentación a los exámenes.