Otra prueba para cubrir 12 plazas de abogados levanta sospechas de irregularidades

Otra oposición celebrada por la Comunidad de Madrid para cubrir 12 plazas de abogado ha terminado con acusaciones entre los miembros del propio tribunal por supuestas irregularidades. En este caso, las sospechas las lanzaron inicialmente cuatro miembros del tribunal opositor contra el presidente del mismo. Pese a las fuertes discrepancias, las oposiciones, a las que concurrieron 88 licenciados, han sido finalmente validadas, si bien tuvo que mediar el director de los servicios jurídicos de la Comunidad para que aquél retirara la querella por difamación que interpuso contra dos miembros del tribunal.

Esta oposición constaba de cuatro ejercicio (dos orales y dos escritos). Tras los dos ejercicios orales, el primer examen escrito se celebró el pasado mes de marzo. Cuatro miembros del tribunal -entre ellos, las abogadas de la Comunidad Mercedes Blanco y Carmen López- creyeron ver irregularidades, y así lo expresaron a los otros miembros del tribunal, además de hacerlo constar en las actas. Para el tercer examen -el primero de los dos escritos- ya sólo quedaban 14 aspirantes. Fue en ese ejercicio donde afloraron las sospechas de irregularidades y se produjeron las acusaciones

El presidente del tribunal, Tomás Navalpotro, detalló al resto de miembros las respuestas de las preguntas del tercer ejercicio con anterioridad al examen. A tres vocales les chocó entonces que uno de los alumnos, al menos en una de las preguntas escritas, respondiese en el mismo sentido y con muy similares matices a los que había relatado el presidente al resto de vocales al explicarles la respuesta a esa pregunta.

El cuarto ejercicio, también escrito, hubo que repetirlo. Según fuentes cercanas al caso, el cuarto examen, también escrito, se realizó semanas después sin que se hubiese revisado oficialmente el tercero. Una de las alumnas que suspendió el tercer ejercicio había exigido que se le revisase. Algunos vocales pidieron al presidente que no convocase el cuarto ejercicio hasta que se efectuase la revisión, pero éste obvió la petición y celebró el examen. Pero lo cierto es que hubo que repetirlo porque la aspirante fue aprobada tras revisársele el examen. Las seis horas que estuvieron el resto de alumnos haciendo el cuarto ejercicio no sirvieron para nada. Tuvieron que hacerlo de nuevo. "No se puede poner un examen para una alumna y otro para los otros", señalan los citados medios.

En ese cuarto examen ya no estuvo una de las vocales -Mercedes Blanco- que habían estado en el resto de los ejercicios, y que figura entre las que levantaron su voz por las supuestas irregularidades detectadas en el tercer ejercicio. Navalpotro pidió a las vocales que habían expresado sospechas de irregularidades que se retractasen, pero éstas se negaron. Entonces les puso una querella por difamación a dos de ellas. Este periódico ha intentado, sin éxito, recabar la opinión del presidente. No obstante, en la querella, ya retirada, niega que haya existido irregularidad alguna y asegura que todo el proceso estuvo amparado en la transparencia y rectitud, y que las imputaciones carecen de fundamento y son difamatorias. Para la retirada de la querella tuvo que mediar el director de los servicios jurídicos de la Comunidad, quien habló con las partes para buscar una solución extrajudicial. El presidente aceptó retirar la querella si las vocales se retractaban por escrito. Y así se hizo por ambas partes.

El director general de la Función Pública, Miguel Ángel López, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, que dirige Alfredo Prada Presa, señaló ayer que su departamento no intervino porque ni los opositores ni los vocales tramitaron reclamación alguna al respecto por la vía administrativa. "Se fueron directamente a los tribunales", comentó López, quien admite que le "llamó la atención" que en el seno de un tribunal opositor sus miembros se lanzasen acusaciones de supuestas irregularidades.

López defendió la honestidad del presidente del tribunal, "que es presidente de la Asociación de Letrados de la Comunidad de Madrid y una persona muy respetada por sus compañeros". Según López, no se ha investigado el asunto porque no hay ninguna reclamación oficial y porque el tribunal le remitió el acta definitiva de aprobados sin hacer constar incidencias.