Las empresas que se muden de la UE deberán devolver las ayudas recibidas

La Comisión Europea, instigada por los países más afectados por la deslocalización industrial, acaba de dar el primer paso para frenar ese fenómeno que ya ha costado decenas de miles de puestos de trabajo en los socios más antiguos de la UE. A propuesta de los comisarios de Alemania y Francia, el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a una norma por la que las empresas que reciban fondos y ayudas europeas tendrán que devolverlas si optan por irse a otro país en los siete años siguientes a la recepción de esas ayudas tanto si es de la UE o de fuera. Y, si se instalan en otro país de la Unión, no podrán acceder a nuevas ayudas de ese tipo.

La norma ha sido incluida en el nuevo reglamento general sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo de Cohesión. El artículo 51 de ese reglamento, aprobado el pasado miércoles por el Ejecutivo comunitario, señala que el Estado correspondiente debe "asegurarse" de que las ayudas a una empresa sirven para cofinanciar un proyecto que no sufre "modificaciones importantes" en un plazo de siete años. Entre esas "modificaciones" se incluye el cese de la actividad productiva, total o parcial, derivada de un traslado a otro país. En ese caso, las autoridades del país afectado deberán comunicar los hechos a la Comisión, que a su vez informará a todos los Estados de la Unión. A continuación, señala el artículo, la empresa deberá devolver los fondos que recibió.

En los reglamentos actuales ya existía un artículo similar en el que fijaba un plazo de cinco años, pero sólo se ha intentado aplicar en una única ocasión contra una empresa holandesa. Ahora, no sólo se amplía a siete años, sino que el mismo artículo citado agrega otro novedoso párrafo referido explícitamente a la deslocalización: "Los Estados y la Comisión vigilarán para que una empresa que haya deslocalizado una actividad productiva dentro de un mismo Estado o hacia otro no pueda beneficiarse de los fondos europeos".

El artículo fue incluido a última hora en el citado reglamento, dentro de las nuevas normas para las futuras perspectivas financieras de la Unión, a instancia del comisario alemán Günter Verheugen, encargado de la ampliación, y del francés Jacques Barrot, al frente de la cartera de Política Regional, la que incluye los fondos europeos.

El primero está llamado a ser en la próxima Comisión que iniciará su mandato en noviembre el supercomisario que, como vicepresidente, coordinará las áreas económicas más importantes del Ejecutivo comunitario, incluida la política industrial. El segundo, como él mismo admite, quiere encargarse de la cartera de Mercado Interior. Ambos, por lo tanto, tendrán un papel clave para intentar frenar desde Bruselas ese fenómeno de la deslocalización contra el que han protestado reiteradamente varios Gobiernos europeos, pero sobre todo el alemán y el francés.

En una conversación con varios periodistas, Barrot argumentó ayer: "Cuando se conceden ese tipo de ayudas, se dan para el desarrollo de una región concreta, y no otra. Y, además, no es de recibo que acabemos financiando la deslocalización con fondos europeos". El comisario francés señaló que, en sus conversaciones con el alemán Verheugen, éste le puso de relieve que medidas como la adoptada el miércoles servirán para defender a regiones del Este de Alemania, donde importantes empresas que se beneficiaron de ayudas han optado por trasladar su producción a nuevos países de la UE como Eslovaquia, República Checa o Polonia.

Barrot también mencionó el ejemplo de una empresa alemana (Volkswagen) que planteó trasladar parte de su producción de su filial Seat de Cataluña a Eslovaquia. El comisario francés precisó que las ayudas deberán ser devueltas en la misma proporción en la que se haya trasladado la producción.