Células fuera de la ley

El investigador valenciano Carlos Simón y su equipo deben ser felicitados por la obtención de dos líneas de células madre embrionarias a partir de preembriones sobrantes de procesos de fecundación asistida y congelados desde hace más de cinco años. Es un paso importante para avanzar en el desarrollo de una medicina regenerativa que pueda aplicarse a la curación de enfermedades o lesiones para las que hoy no hay ninguna terapia válida. A expensas de la confirmación definitiva por la comunidad científica internacional, podemos decir que se trata de un éxito indiscutible.

Lo que no puede decirse es que el comportamiento de los responsables sanitarios del PP y de la ex ministra del ramo Ana Pastor sea precisamente ejemplar. Durante años, han venido poniendo trabas a la investigación con células madre embrionarias. Y han tenido, incluso, palabras muy duras para los científicos que pretendían explorar esa línea de investigación. Finalmente, en el mes de noviembre del año pasado se modificó la Ley de Reproducción Asistida para permitir el uso de células madre embrionarias a partir de preembriones sobrantes de procesos de fecundación asistida.

El contenido básico de la reforma fue apoyado por la mayoría de los científicos involucrados en el campo, aunque se criticaron algunos aspectos de la ley que dificultaban de forma innecesaria su aplicación. Pero en ningún caso se puso en cuestión una de las condiciones previstas: la necesidad de autorización y supervisión por parte del Ministerio de Sanidad, debido a la sensible naturaleza de todo lo referente al uso de embriones. Sin embargo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha autorizado las investigaciones del doctor Simón sin siquiera notificárselo al ministerio, en flagrante violación de los principios contenidos en la ley y defendidos por el PP.

Mientras otros proyectos han sido reiteradamente paralizados, como el del doctor Bernat Soria, parece como si el patrocinado por la Generalitat de Valencia, gobernada por el PP, no necesitara pasar control ministerial alguno. Dado que los propios responsables autonómicos han admitido que las investigaciones se gestaron antes del cambio de Gobierno en España, cabe preguntarse si la anterior ministra lo sabía y dejó seguir a sabiendas de que no se cumplían los requisitos legales, o si se lo ocultaron. En ambos casos parece fuera de lugar, por no decir hipócrita, su aparición entusiasta en la presentación de los resultados del doctor Simón, flanqueada por todos los consejeros de Sanidad de las autonomías gobernadas por el PP.

Las leyes han de cumplirse, y si no sirven, deben ser modificadas. Eso es lo que se propone el Gobierno socialista, además de aprobar convenios entre el Ministerio de Sanidad y los centros de trabajo con células madre en Andalucía y Cataluña y dedicar más fondos a estas investigaciones. Mientras no estén listos los reglamentos o procedimientos de aplicación, es posible arbitrar procedimientos provisionales que no retrasen las investigaciones, pero que respeten el sentido de la ley, y en este caso, de forma inequívoca, el necesario conocimiento y autorización del Ministerio de Sanidad.