El Gobierno de Aznar tardó una semana en aprobar un plan de seguridad tras el 11-M

"Honradamente le diría que la policía pasó mucho miedo de que hubiera otro atentado, eso es lo que pasamos y por lo que trabajamos aceleradamente". Evitar que se repitiera una masacre de similares proporciones debería haber sido la preocupación prioritaria después del 11-M, según atestiguan las palabras pronunciadas el pasado jueves ante la comisión de investigación del Congreso por el ex subdirector operativo de la Policía Pedro Díaz-Pintado. Sin embargo, el Gobierno tardó una semana, hasta el 17 de marzo, en aprobar un basto plan de seguridad para hacer frente a la amenaza.

Expertos antiterroristas tildan de "despropósito" las manifestaciones que convocó Aznar el 12-M

Díaz-Pintado tenía motivos para estar preocupado. El comando que perpetró los ataques contra los trenes -siete de cuyos miembros se suicidaron el 3 de abril en Leganés (Madrid)- estaba intacto, disponía de casi 50 kilos de dinamita Goma 2 y voluntad de seguir matando, como demostró al poner un artefacto en la vía del AVE un día antes de inmolarse.

Sin embargo, el Gobierno del PP hizo gala de una sorprendente falta de reacción. José María Aznar no convocó la Comisión Delegada para Situaciones de Crisis hasta el 17 de marzo, tres días después de las elecciones, ya que la reunión celebrada en La Moncloa en la mañana del 11-M, de la que no se levantó acta, sólo fue un encuentro informal del presidente con sus más cercanos colaboradores en la que no se adoptó ningún acuerdo.

Tampoco se tomó ninguna decisión, ni se levantó acta, de la reunión que la cúpula del Ministerio del Interior mantuvo simultáneamente en la sede de su departamento y que Ruiz-Pintado definió como una "tormenta de ideas" en torno a la autoría del atentado. El Consejo de Ministros del viernes 12 se limitó a aprobar sendos decretos para conceder la nacionalidad española, o la residencia legal, a las víctimas extranjeras del 11-M y a sus familiares directos.

Fuentes del anterior equipo de Interior sostienen que no hacía falta poner en marcha un plan de seguridad porque las Fuerzas de Seguridad del Estado, más de 100.000 efectivos, ya estaban en máxima alerta con motivo de las elecciones y esta situación, que debería haberse desactivado al cierre de las urnas, se mantuvo con carácter indefinido hasta que empezó a aplicarse el nuevo plan de seguridad.

En Madrid, la alerta se puso en marcha el 10 de febrero e incluyó el refuerzo de la capital con cinco Unidades de Intervención Policial (UIP), casi 700 agentes en total. Sin embargo, este dispositivo se demostró ineficaz para evitar la masacre del 11-M, a pesar de que las estaciones de tren figuraban entre los objetivos a vigilar, e insuficiente para enfrentarse a la nueva amenaza.

Así lo reconoció el propio Gobierno al aprobar, con casi una semana de retraso, el llamado "Plan de Medidas Adicionales de Prevención", que no sólo implicaba a las Fuerzas de Seguridad del Estado sino también a las Policías Autonómicas y Locales y a las Fuerzas Armadas.

Expertos antiterroristas consideran que el Gobierno, además de dar muestras de parálisis entre el 11 y el 14 de marzo, cometió un "verdadero despropósito": la convocatoria de las manifestaciones multitudinarias del día 12.

Frente a un terrorismo cuyo objetivo demostrado era causar el mayor número posible de víctimas, sacar a millones de personas a la calle suponía brindarle un blanco fácil.

Pero, aunque un atentado contra las manifestaciones no pasara del terreno de la hipótesis, la decisión tuvo consecuencias prácticas: la marcha de Madrid -en la que participaron, entre otros, miembros de la familia real y los primeros ministros de Italia, Francia y Portugal, así como el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi- obligó a movilizar a miles de policías para protegerla. "Esos agentes", afirman las fuentes consultadas, "hubieran sido mucho más útiles realizando controles o rastreos a la búsqueda de los terroristas o vigilando posibles objetivos".

La decisión de convocar las manifestaciones del día 12 la tomó personalmente el 11-M por la mañana José María Aznar, sin consultar con los expertos en seguridad, ni con los partidos de la oposición, a los que se le comunicó como un hecho consumado.

Las primeras reuniones para elaborar el plan de seguridad tuvieron lugar el lunes 15 por la tarde. A lo largo del martes, los directores de la Policía y la Guardia Civil, con el secretario de Estado de Seguridad, intercambiaron documentos, que se plasmaron en el texto llevado por el ministro del Interior, Ángel Acebes, a la Comisión Delegada de Situaciones de Crisis del miércoles.

Pero lo que salió de dicha reunión no fue un plan cerrado, sino un documento genérico que tuvo que ir concretándose en los días siguientes. El mismo miércoles por la mañana las comisarías de Madrid recibieron una llamada de la jefatura provincial en la que se les pedía que elaborasen, a la mayor urgencia, un informe sobre posibles objetivos terroristas en su demarcación y dispositivos necesarios para protegerlos.

Algo similar ocurrió en Defensa, que hasta días después de aprobado el plan no tuvo lista la denominada Operación Romeo May, al amparo de la cual se han movilizado una media de 1.900 militares para la vigilancia de 37 objetivos estratégicos. El propio Acebes tuvo que reconocer, al presentarlo públicamente, que el plan se aplicaría paulatinamente.

Esta situación contrasta con la de países vecinos, como Francia, que el 12 de marzo activó el Plan Vigipirate, que implicaba la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de aeropuertos o estaciones de tren. El presidente francés, Jacques Chirac, reunió ese mismo día en el Elíseo su Gabinete de Crisis, mientras que el 14 de marzo el canciller alemán, Gerhard Schröder, convocó su Gabinete de Seguridad y el Gobierno italiano movilizó al Ejército. El español lo haría tres días después.

Acebes afirmó que el plan había tardado casi una semana en aprobarse porque su preparación "requiere tiempo". Lo extraño es que España no cuente, como Francia desde 1978, con un plan de carácter permanente para enfrentarse a estas situaciones y que tuviera que ponerse a elaborarlo una vez consumado el 11-M. Eso demuestra, a juicio de los expertos, que la amenaza del terrorismo internacional, de carácter masivo e indiscriminado, nunca se tomó en serio.

A estos efectos, agregan, el hecho de que la autoría correspondiera o no a ETA resultaba irrelevante. "Si ETA estaba detrás del 11-M, eso significaba que había cambiado sus métodos y el Estado también debía cambiarlos".