La OCDE exige reformas laborales a España en la víspera del diálogo social

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cree que España debería formular una agenda de reformas laborales que sirvan para crear más y mejores puestos de trabajo y para facilitar la adaptación al cambio estructural. Una recomendación que se produce en la víspera de la reunión que hoy mantendrá el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con la patronal y los sindicatos para poner en marcha un proceso de diálogo social para la legislatura, con el compromiso de abrir varias mesas de discusión que encaren los desajustes del mercado laboral, la precariedad que afecta a un tercio de los asalariados y la mejora de la competitividad.

La OCDE propuso ayer medidas para reforzar el empleo estable en España, reduciendo la precariedad actual en el empleo y "suavizando" las barreras proteccionistas del trabajo fijo. Esas ideas se concretan en una reforma del Servicio Público de Empleo (el antiguo Inem), como oficina dedicada activamente al seguimiento de cada desempleado y a la oferta de colocaciones; la otra consiste en implantar un mecanismo que evite la incertidumbre de los costes del despido, sustituyendo las indemnizaciones actuales por una cotización empresarial, destinada a cubrir esa contingencia.

Pese a los 4,5 millones de empleos creados en los 10 últimos años, España es el país con mayor empleo precario (31%) de toda la OCDE. Además, el ritmo de creación de empleo tampoco ha situado a España entre los países donde hay más ocupación, porque sólo el 61% de las personas en edad de trabajar cuentan con empleo, frente a países que llegan al 70%. Ambas circunstancias aconsejan vivamente la reforma laboral en España, a juicio de la OCDE.

Fondo para despidos

El Inem debe reconvertirse en el instrumento de una política de "obligaciones recíprocas". Se trata de "ayudar activamente al parado a encontrar otro trabajo y mantener una vigilancia muy dinámica de todas las posibilidades de casar a los demandantes de empleo con las ofertas que puedan existir", explicó Raymond Torres, jefe de la división de análisis laboral de la OCDE y responsable del estudio global sobre las Perspectivas de Empleo en los 30 países de la organización.

En cuanto al "fondo para despidos", inspirado en una experiencia austriaca, pretende eliminar las incertidumbres vinculadas a costes de reestructuraciones de empresas o de despidos individualizados. Ese riesgo quedaría cubierto con la cotización de la empresa a un fondo asignado individualmente a cada asalariado, que acompaña al trabajador desde la primera hasta la última empresa de su vida laboral. Si no hay retiradas de dinero durante la vida activa, ese fondo se mantiene hasta la jubilación; si hay despidos de por medio, el afectado puede retirar el dinero acumulado en su cuenta, sin perjuicio del derecho a la prestación por desempleo. "Naturalmente es necesaria la garantía del Estado de la Seguridad Social para infundir confianza en el sistema", advirtió Torres.

Con ello se evitarían los frecuentes despidos de empleados con contrato precario, porque las empresas ya no tendrían tantas reticencias a convertirlos en fijos, sabiendo que, si fuera necesario proceder a despidos, esto no implica un gasto inesperado, además de ahorrar costes de defensa jurídica. El procedimiento haría más fácil la movilidad: el trabajador podría cambiarse de empresa, sin temor a perder la indemnización que le corresponde de acuerdo con el actual sistema proteccionista. "Es un modo más moderno de gestionar el mercado de trabajo, sin renunciar a la protección social", a juicio de Raymond Torres, el autor del informe.

La tercera recomendación es que se potencie el empleo a tiempo parcial, un procedimiento útil para ocupar a franjas de la población que están fuera del mercado laboral porque no les es posible hacerlo a tiempo completo, por motivos familiares o de otro tipo. El 39% de la población en edad de trabajar permanece fuera del mercado laboral en España.

Esas recomendaciones de la OCDE anteceden a la reunión que hoy mantendrá el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con los máximos responsables de la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT para firmar algo que se parece mucho a la agenda requerida por la OCDE: un documento en el que se comprometen a abrir un largo proceso de discusión para corregir los problemas del mercado laboral y en el que se apuesta por la competitividad, el empleo estable y la cohesión social.

La declaración que suscribirá el presidente Zapatero junto a José María Cuevas, José María Fidalgo y Cándido Méndez recoge este temario, que ocupará el diálogo social previsiblemente a lo largo de toda la legislatura:

- Análisis, valoración y propuestas de las medidas necesarias para fortalecer la competitividad de la economía española y de las empresas.

- Contratación temporal.

- Aumento del empleo y de la participación en el mercado de trabajo.

- Inmigración laboral.

- Formación permanente.

- Impulso de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo.

- Política industrial.

- Salario mínimo interprofesional.

- Derecho de información, consulta y participación de los representantes de los trabajadores.

- Prevención de riesgos laborales. - Negociación colectiva.

- Participación institucional y fortalecimiento de la actividad de los interlocutores sociales.

- Seguridad Social.

Esos capítulos a los que deben llenar de contenido y propuestas se recogen en la declaración que se firmará hoy en el palacio de la Moncloa. En ella figura el reconocimiento a la "contribución histórica" que ha tenido el diálogo social en España para mejorar la situación económica y para resolver los desajustes del mercado laboral. Asimismo, el Ejecutivo y los agentes sociales hacen una apuesta por la inversión en capital físico, tecnológico y humano.

Con este proceso de diálogo, el Gobierno quiere corregir la temporalidad que afecta a casi un tercio de los asalariados (el 30,09%), aunque ha dejado claro que se debe atajar allí donde es posible. Es decir, habrá sectores, como el turismo o la construcción, que por sus peculiaridades sigan teniendo un alto índice de eventualidad, y se deberá delimitar en el resto. El cómo se abordará se debe decidir en el proceso de discusión.

La CEOE quiere que una de las prioridades sea incrementar la competitividad, junto a la consecución de un mercado laboral más flexible. El objetivo primero de los sindicatos, al menos inicialmente, está más cercano al del Gobierno, y persigue reducir la precariedad, aunque las discrepancias surgirán a la hora de concretar las fórmulas para atajarla.

La eventual revisión de la negociación colectiva la abordarán, en su caso de forma bilateral, la patronal y los sindicatos. No obstante, el Gobierno vigilará de cerca el proceso y quiere que uno de los cambios que se introduzcan consista en que los incrementos salariales estén cada vez más ligados a la productividad. En las conversaciones previas, el Ejecutivo ha detectado receptividad de todas las partes.