El acceso a las plazas de profesor de universidad se reformará con urgencia

El actual sistema de habilitación, un examen nacional por área que contempla la Ley Orgánica de Universidades (LOU) para los profesores que quieren acceder a una plaza en la universidad "está saturado", según el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez. Para solucionarlo, los responsables del Consejo de Coordinación Universitaria se reunirán el próximo 15 de julio para encarar una "reforma urgente" que garantice "un proceso más fácil, más ágil y más barato", afirmó ayer Ordóñez, que asistió a la inauguración de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El secretario de Estado no aclaró si se llevarían a cabo las propuestas que hizo públicas la semana pasada la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que defendían un sistema de acreditación por méritos con unos parámetros similares para toda España, y, posteriormente, un concurso de acceso en cada universidad con plazas vacantes. Sin embargo, Ordóñez sí aseguró que se buscará una solución "que satisfaga tanto a las universidades como a las comunidades autónomas".

Ordóñez también habló de crear un nuevo marco de financiación de la universidad que pueda ofrecerles estabilidad, pero sin "meterse en las competencias de las comunidades autónomas", puntualizó.

Por otro lado, Ordóñez explicó que intentará "dignificar y hacer atractiva la carrera investigadora" y "conseguir la meta marcada por la UE de destinar el 3% del PIB a la investigación". Algo "imposible", dijo , sin la colaboración de las empresas. "En la mayoría de los países desarrollados prácticamente dos tercios de las inversiones en investigación vienen del sector privado y un tercio del público, y en España ocurre exactamente al contrario", aseguró.

La tarea de dignificar y hacer más atractivo el oficio de investigador, de momento, se concretará en una continuación del Plan Nacional de Investigación, del anterior Gobierno, que se irá "modificando y ampliando poco a poco", dijo. En cuanto al sector más desfavorecido de este área, los becarios, que sostienen buena parte de la investigación española, Ordóñez se comprometió a mejorar su situación. Con la reciente entrada en vigor, a finales de 2003, del estatuto del becario, éstos cotizan a la seguridad social en los dos últimos años de doctorado (son cuatro), aunque lo hacen por el mínimo, con independencia de lo que cobren y no tienen derecho a paro. El secretario de Estado afirmó que esta situación se trasladará a los dos primeros años de doctorado y que para los dos últimos se harán contratos laborales, así como para los becarios del posdoctorado.

Por último, Salvador Ordóñez anunció que el ministerio va a empezar a trabajar en el séptimo Programa Marco de Investigación, "para que la UE pueda tener en cuenta las necesidades españolas en materia de investigación", concluyó.