El Gobierno no encuentra parte de los informes que pide la comisión del 11-M

El Gobierno está encontrando más dificultades de las previstas para remitir a la comisión de investigación sobre el 11-M creada en el Congreso la documentación que pide. Algunos informes están clasificados y el Consejo de Ministros estudiará su desclasificación el próximo viernes, otros están sometidos al secreto judicial y algunos no aparecen por ninguna parte. Para el Gobierno ha sido una sorpresa no encontrar parte de los documentos reclamados. La duda es si han desaparecido o nunca existieron. La primera documentación, la más inocua, empezó a llegar ayer al Congreso.

Entre los documentos que no aparecen está el acta de la reunión del Gabinete de Crisis celebrada en Moncloa tras la matanza; las actas de las reuniones del Gabinete de Coordinación de Interior del 11 al 14 de marzo; las notas de despacho entre los responsables de la Unidad Central de Información Exterior y altos cargos de Interior; y el informe del Gobierno de la Nación sobre el atentado del 11-M. Los tres primeros fueron pedidos por el PSOE y el último, por el PP.

La ausencia del acta del Gabinete de Crisis no es extraña, pues EL PAÍS ya adelantó que, aunque se anunciara oficialmente, Aznar no reunió en La Moncloa a la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, como se denomina legalmente, sino a un grupo de colaboradores.

Sin embargo, tampoco hay constancia escrita de las reuniones que los entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, y secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, presidieron en la sede de su departamento con los responsables de la Policía y la Guardia Civil. Ni aparecen las notas de despacho o informativas entre los responsables del Ministerio del Interior y los servicios antiterroristas, en concreto, los mandos de la Unidad Central de Información Exterior.

Demanda del PP

Pero lo más sorprendente es la demanda del PP de que se remita el "Informe del Gobierno de la Nación sobre el atentado del 11 de marzo". Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no ha elaborado ningún informe de estas características y tampoco hay rastro de que el Gobierno anterior lo hiciera. "No sabemos si lo que se nos pide es que hagamos el informe", dijeron las mismas fuentes.

Hace una semana, cuando presentó sus peticiones de comparecencias y documentación, el portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, aseguró: "Todos los informes que solicitamos existen".

El escrito del PP agrega, tras la relación de solicitudes de documentos, un párrafo según el cual "se reserva el derecho de aportar cuantos informes y datos estime conveniente a la comisión". Fuentes gubernamentales indicaron que, si el PP aporta algún informe oficial, "deberá explicar por qué lo tiene en su poder".

En Interior proseguía ayer la tarea de recopilación de informes, mientras en Moncloa se celebró una reunión para analizar el contenido de los documentos ya localizados. Muchos de ellos son copias de textos incorporados a procedimientos judiciales, por lo que el Gobierno deberá remitir al Congreso al juez competente o advertirle de que no puede entregarlos sin su autorización.

Respecto a los informes clasificados, el Gobierno tiene previsto decidir el viernes si los desclasifica. El criterio es desclasificar todo aquello "que no afecte a la seguridad del Estado", lo que incluiría los informes del servicio secreto CNI que advertían del riesgo de atentados de carácter islamista. No obstante, las mismas fuentes recordaron que "la organización, medios y procedimientos operativos del CNI tienen carácter secreto por ley".

Más preocupa la petición del PP de que se informe de todas las investigaciones abiertas desde 2003 por la Policía y la Guardia Civil sobre tráfico de seres humanos, blanqueo de capitales, cibercrimen y terrorismo. "¿Cómo vamos a hacer públicas investigaciones que están en curso?", se preguntaron las mismas fuentes.

Una de las fórmulas que se barajan consiste en que los documentos secretos puedan ser consultados en la Secretaría General Técnica del Congreso por un diputado de cada grupo, como se hizo en 2001 con un informe del Banco de España reclamado por la Comisión Gescartera.

Ayer comenzaron a llegar al Congreso los primeros documentos, que son los más inocuos, como la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el 11-M o el informe de Cruz Roja.