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El Parlamento censura la política de Madrazo con las víctimas del franquismo

La Cámara insta al consejero a flexibilizar los requisitos de acceso a las ayudas

El Parlamento vasco propinó ayer un duro correctivo al consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, por la gestión que ha realizado del decreto sobre ayudas a las personas que sufrieron la represión franquista en Euskadi. La Cámara instó al Gobierno vasco a cambiar esa norma y flexibilizar los requisitos para poder acceder a las indemnizaciones, ya que el carácter restrictivo del decreto ha privado de ellas al 71% de los ciudadanos que las solicitaron. El texto aprobado por el Parlamento salió adelante con el apoyo de toda la oposición. Los partidos del Gobierno votaron en contra.

Las ayudas a las víctimas del franquismo se ha convertido en un asunto recurrente en el Parlamento en los últimos meses, aunque ayer alcanzó su tono más solemne con el debate en pleno de una proposición no de ley presentada por el PSE, con sólo cinco parlamentarios ausentes. En su iniciativa, los socialistas reclaman, entre otras cosas, la flexibilización de los medios de prueba exigidos en el decreto para acreditar el tiempo que un ciudadano permaneció en la cárcel o en un batallón de castigo tras la guerra civil.

Este es el principal punto de conflicto que mantiene el Gobierno con la oposición y las asociaciones de víctimas del franquismo. Sólo el 29% de las peticiones (2.529 de 8.680) han sido aceptadas por el Gobierno, que en noviembre de 2002 aprobó un decreto regulando el acceso a las compensaciones. La mayoría de los represaliados eran enviados a su destino sin ningún tipo de sentencia, por lo que carecen de papeles que acrediten la represión que han sufrido. Cerca de 500 personas a las que se les ha denegado su petición han presentado un recurso de reposición.

Si el Gobierno atiende la solicitud del Parlamento, deberá aprobar una nueva regulación en la que acepte como medio de prueba del tiempo que una persona permaneció en prisión o en un campo de trabajo declaraciones juradas ante notario o declaraciones juradas de otros prisioneros que puedan atestiguar la situación del que demanda la ayuda.

PNV, EA e IU plantearon una enmienda de totalidad a la proposición no de ley socialista. La enmienda coincide en el fondo con la solicitud del PSE, pero su destinatario es el Gobierno central y no el Ejecutivo vasco. Así, más que una defensa cerrada del decreto elaborado por el Departamento de Asuntos Sociales, nacionalistas e IU basaron su estrategia en el pleno en desviar la atención hacia la responsabilidad que tiene el Ejecutivo central en esta cuestión, por no resolver las compensaciones a las víctimas del franquismo con las leyes aprobadas en 1990 y 1991, cuando Felipe González era el presidente. Ambas normas exigen un mínimo de reclusión de tres años. La única autocrítica, aunque muy leve, que concedió el tripartito fue en boca de la portavoz del PNV, Bakartxo Tejería: "El decreto es mejorable".

Varias comunidades autónomas han elaborado sus propios decretos para atender a los represaliados que se quedan fuera de la barrera marcada en esas leyes. Euskadi elaboró su decreto en el año 2002, cuando otras autonomía ya habían aprobados sus normas. Para dar una mayor difusión a la iniciativa, Asuntos Sociales recurrió a una campaña de buzoneo, que es precisamente lo que más reprochan ahora los partidos de la oposición y las víctimas, al considerarla "electoral y engañosa". "Madrazo creó falsas expectativas con el buzoneo de un folleto muy generalista, con el que sólo buscaba publicidad", acusó el parlamentario y portavoz socialista Jesús Loza. La proposición aprobada por el pleno tacha de "oscurantista" la gestión de ese decreto. El resto de la oposición se mostró igual de contundente con el consejero, al que acusaron de utilizar "electoralmente" a las víctimas del franquismo.

"Madrazo se sacó la foto con la ayudas y da por zanjada la cuestión. Ha dado con la puerta en las narices a muchas personas", criticó el representante del PP, Antonio Salazar. Jone Goirizelaia, de Sozialista Abertzaleak, recordó que las asociaciones de víctimas se sienten engañadas por el departamento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de junio de 2004