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El juez del 11-M no entregará documentos del sumario a la comisión de investigación

La fiscalía espera que el Congreso respete el proceso penal y no perjudique el trabajo judicial

El Juzgado Central de Instrucción número 6 que tramita el sumario 20/04 sobre el 11-M no proporcionará ningún documento a la comisión de investigación parlamentaria sobre los atentados, según ha manifestado el titular del citado juzgado, el magistrado Juan del Olmo. "Este juez respetará la Ley, a la que están sometidos el Juzgado y el Parlamento", precisó. El sumario está declarado expresamente secreto, no es previsible que esta medida se vaya a levantar en varios meses, y por tanto la ley obliga al juez a guardar la confidencialidad de los datos que contenga.

La misma circunstancia es extensible, según fuentes de la Audiencia Nacional, a los datos facilitados al Juzgado por la policía. Es de suponer, señalaron las citadas fuentes, que la policía garantizará el cumplimiento de la ley, de la que además es garante, y tratará en la medida de lo posible cumplir con los requerimientos de la comisión parlamentaria. Si los policías tuvieran dudas sobre la forma de cumplimentar las peticiones de la comisión, lo correcto es que pregunten a la Fiscalía y al Juzgado.

Las diligencias policiales, publicadas por este periódico, prueban que la principal línea de investigación de la policía desde las primeras horas después del atentado se dirigieron hacia el terrorismo de origen islamista y en ningún caso hacia ETA. Pese a esa circunstancia, el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, mantuvo durante 48 horas en diversas comparecencias ante los periodistas que la primera línea de trabajo apuntaba a la banda etarra.

Fuentes de la Fiscalía, por su parte, destacaron que la comisión de investigación tiene que respetar el proceso penal. Los imputados en la causa penal no pueden estar obligados a decir la verdad en el Parlamento, pues ello supondría una vulneración de sus derechos, ya que en el proceso judicial no están obligados ni a decir la verdad, ni siquiera a declarar. Por ello, si alguno de ellos es llamado a comparecer en el Parlamento, siempre tendrá derecho a no decir nada que pueda perjudicarle. En todo caso, en la Audiencia Nacional se confía en que los miembros de la comisión no perjudiquen la investigación con los testimonios que soliciten.

La comisión creada en el Congreso con el voto de todos los grupos parlamentarios iniciará sus trabajos mañana para definir las comparecencias que se solicitan y la documentación necesaria para analizar lo ocurrido. Los miembros de la comisión están citados a las diez horas pero ayer mantenían mutismo total sobre sus intenciones.

El primer encuentro formal de los comisionados tiene por objeto fijar un calendario de trabajo y poner sobre la mesa las pretensiones de cada grupo sobre las comparecencias que solicitará y los documentos que deben aportarse a la comisión. Los dos principales partidos del Congreso -el PSOE y el PP- aseguraron, a través de portavoces parlamentarios, que no se han reunido en las últimas horas ni han intercambiado información sobre sus propósitos para evitar que la lista de comparecientes se conviertan en motivo de batalla antes de que comiencen los trabajos. Los grupos nacionalistas se mostraron igualmente silenciosos.

Desclasificar documentos

El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Joan Puigcercós, aseguró cuando se constituyó la comisión que era partidario de desclasificar todos los documentos que fuesen necesarios y que aquéllos que no pudieran hacerse públicos deberían llevarse a la llamada comisión de secretos oficiales.

Emilio Olabarría (PNV), aseguró tras constituirse la comisión investigadora que era partidario de desclasificar todos los documentos que hicieran referencia al 11-M y tendrían que demostrarles "de manera convincente y con suficiencia" que alguno de esos documentos afecta de forma "directa y grave a la seguridad del Estado" para que acepten que se mantengan secreto.

Jordi Jané, que representará a CiU en la comisión investigadora, se mostró mucho más cauto y afirmó que ellos estarían "al lado del Gobierno si por razones de seguridad no es conveniente desclasificar algún documento" y que, "en principio" el grupo nacionalista catalán otorga al Gobierno "un voto de confianza" en este terreno.

Por parte del PP sólo fue posible saber que el grupo mantendría sus propias propuestas, algo que podría interpretarse como una manifestación de que no están dispuestos a negociar sus pretensiones en la comisión.

El portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, citó entre los documentos que debería conocer la comisión, algunos del servicio secreto CNI sobre el 11-M.

Fuentes parlamentarias destacaron que el mutismo de las dos principales formaciones parlamentarias forma parte esencial de su estrategia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de junio de 2004