El nuevo proyecto de Constitución cumple las exigencias de Londres

A cinco días de que los líderes europeos intenten cerrar en Bruselas la primera Constitución europea, la presidencia de la UE, Irlanda, difundió ayer su última propuesta oficial sobre litigios pendientes y optó por respetar las líneas rojas exigidas por Reino Unido para conservar el derecho al veto en áreas como fiscalidad, seguridad social, política exterior o cooperación judicial penal y por rechazar la petición del Vaticano y otros países (Italia y Polonia, entre ellos) de que el preámbulo de la Carta Magna haga una referencia a la "herencia judeo-cristiana".

El reparto de poder, que es el contencioso más complicado, queda pendiente de un pacto de los líderes el próximo viernes. Son éstas las propuestas de Irlanda que serán debatidas esta mañana en Luxemburgo por los ministros de Exteriores de los 25.

- No a la referencia al cristianismo. El proyecto señala que la Constitución se inspira en "las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa". Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Letonia y Lituania quieren que se añada "y en la herencia cristiana" o "judeo-cristiana", mientras Francia y Bélgica se oponen, por lo que Irlanda mantiene el texto del proyecto.

- Cooperación penal. El proyecto dice que habrá unas leyes europeas aprobadas por mayoría cualificada para fijar normas mínimas comunes sobre el reconocimiento de sentencias y sobre la definición de las infracciones graves y sus sanciones. Para salvar la exigencia británica de mantener el derecho al veto, Irlanda propone que en ambos casos se incluya la siguiente cláusula, bautizada ya como "freno de emergencia": si, a la hora de votar, un Estado considera que una de esas leyes lesiona "los principios fundamentales de su sistema jurídico", se suspende la votación y el caso debe resolverlo el Consejo Europeo (cumbre de líderes) en un plazo de cuatro meses. Si no hay acuerdo en un año, un grupo mínimo de un tercio de países podrá aplicar por su cuenta la ley.

- Política exterior. Las decisiones se tomarán por unanimidad, pero el proyecto recoge alguna excepción que a Londres le disgusta. Por ejemplo, cuando se voten propuestas que haga el futuro ministro europeo de Exteriores. Irlanda propone ahora: la votación se suspenderá si un país pretende votar en contra "por intereses vitales".

- Fiscalidad. El proyecto prevé leyes, que deben ser aprobadas por unanimidad, para armonizar en Europa el impuesto sobre el volumen de negocio y otras tasas indirectas, pero el derecho al veto desaparecerá al votar normas sobre fraude fiscal y evasión fiscal "si no afectan a regímenes fiscales de los Estados miembros", agrega ahora Irlanda para satisfacer a Londres.

- Seguridad Social. Habrá una ley, dice el proyecto, para garantizar los derechos y devengos de la Seguridad Social a trabajadores que residan en países diferentes al suyo. También en este caso Irlanda incluye el "freno de emergencia".

- Fiscalía europea. Su creación está prevista sólo para combatir infracciones contra los intereses financieros de la UE, pero al Reino Unido no le gusta el precedente. Para tranquilizar a Londres, Irlanda propone que toda nueva competencia se decida por unanimidad.

- Veto en defensa. Toda decisión en defensa incluye el derecho al veto, pero el proyecto señala una compleja excepción: los países que formen una cooperación estructurada podrán decidir por unanimidad que un tema concreto se resuelva por mayoría cualificada. Esta excepción, dice Irlanda ahora para tranquilizar a Londres, "no se aplicará a decisiones con repercusiones militares o en el ámbito de la defensa".

- Carta de Derechos. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE quedará incluida en la Constitución, pero Londres exige añadir que su contenido no interferirá con su legislación nacional. Irlanda propone tres alternativas para dejar constancia de ello.

- Fondos regionales. El proyecto señala que sólo las próximas perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 seguirán siendo aprobadas por unanimidad, pero las demás, por mayoría cualificada. Irlanda propone ahora que se mantenga siempre el derecho al veto, salvo que el Consejo Europeo decida lo contrario. En este caso, atiende una exigencia de Holanda.