La policía y el CNI pierden la pista de 50 radicales islamistas

Las fuerzas de seguridad del Estado han perdido la pista a más de cincuenta radicales islamistas detenidos en España entre 1995 y 2004 por falta de medios materiales y humanos, según reconocen varios mandos consultados. Un estudio elaborado por las unidades de inteligencia de varios cuerpos establece que el 70% de las 150 personas detenidas en ese periodo quedó en libertad provisional o sin cargos. Su control y seguimiento se ha abandonado por falta de recursos. Siete de los autores materiales del 11-M estaban fichados y habían sido vigilados ocasionalmente por la policía.

El 6 de marzo de 2004, la unidad antiterrorista del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elevó un informe al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Ángel Acebes, en el que se informaba de la desaparición en el barrio madrileño de Lavapiés de un grupo de seis integristas, entre los que figuraba K. L. un argelino detenido en Valencia en 1997, condenado a 10 años de prisión y puesto en libertad tras ganar un recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

Tras la rápida detención de Jamal Zougam, propietario de un locutorio en el barrio de Lavapiés y presunto autor material del ataque, la desaparición del grupo de radicales islamistas con K. L. a la cabeza despertó la atención de todos los servicios y alimentó la sospecha. ¿Por qué se habían esfumado de sus domicilios y trabajos cinco días antes del atentado? ¿Tenían algo que ver con el 11-M?

Durante varios meses los cuerpos policiales han barajado la presunta participación de éstos y otros desaparecidos en el ataque contra los trenes de Atocha. En muchos casos las sospechas eran equivocadas y en otros no se han podido confirmar porque algunos continúan huidos, como Abdelmajid Bochar, el joven que alertó a los siete suicidas de la presencia policial en la casa en la que se atrincheraron en la localidad madrileña de Leganés. Estaba en contacto con varios de los desaparecidos cuyos nombres figuran en la nota del CNI. Una copia de su pasaporte apareció entre los escombros del piso franco de los terroristas.

Notas como la del CNI del pasado 6 de marzo se remiten con frecuencia a Interior. Se informa de la desaparición de fundamentalistas, pero se advierte de que se les ha perdido la pista. Las fuerzas de seguridad ignoran el lugar al que se han trasladado porque faltan agentes que los controlen durante las 24 horas del día. En el CNI trabajaban entonces menos de 30 agentes dedicados al terrorismo islamista; siete de ellos eran los espías que murieron en Bagdad.

Un alto mando policial resume así la situación: "La mayoría de los que están en libertad no sabemos dónde se encuentran. Les perdemos la pista porque con la gente que tenemos sólo nos podemos dedicar a dos o tres asuntos. Tenemos una estructura de juguete". Hasta el 11-M, la policía, la Guardia Civil y el CNI contaban con unos 150 agentes dedicados a investigar el terrorismo islamista. Casi la mitad trabajaba en tareas administrativas, en cumplimentar comisiones rogatorias (petición de auxilio judicial) y en la asistencia a seminarios internacionales.

Movilidad e impunidad

Mohamed Belazziz es un ejemplo de la dificultad que implica perseguir a los presuntos miembros de Al Qaeda. Llegó a España el 19 de julio de 1992 procedente de Argel. Entró por el aeropuerto de Barcelona con un visado de turista y trabajó en la Mojonera (Almería), en Valencia, en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), en Águilas y Lorca (Murcia), Roquetas de Mar (Almería), Echarri Aranaz, Tudela y Cascante (Navarra). Iba y venía de una localidad a otra en función del trabajo que encontraba. En 1992 fue detenido en Vitoria, en Logroño en 1994 y en 1997 en Tudela, siempre porque carecía de papeles y una vez por hurto. Su última detención, en septiembre de 2001, fue bajo una acusación diferente: se le acusó de pertenecer a una célula de salafistas.

La policía le intervino un diario donde se despedía de su madre: "Te pido perdón, madre; pido perdón a todos a quienes traté mal. (...) Perdonad si he pecado. Voy a morir por Dios y por la patria. (...) Morir por Dios y por la patria es lo máximo que se puede hacer". La policía aseguró que Belazziz pretendía suicidarse con Nizar Trabelsi, El Negro, en el interior de la Embajada de EE UU en París.

Trabelsi fue detenido en Bruselas y condenado como miembro de Al Qaeda. Reconoció sus planes. Belazziz y sus otros seis compañeros han sido puestos en libertad sin cargos por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios tras 28 meses en prisión preventiva. No se encontraron suficientes pruebas contra ellos. Belazziz se declaró inocente y aseguró que no entendía cómo se le podía acusar de pertenecer a una banda que "es culpable del asesinato de mi propio hermano y de más de 120 personas de mi barrio".

¿No era suficiente ese diario en el que anunciaba su suicidio? Jesús Santos, uno de los fiscales de la Audiencia Nacional que investiga el terrorismo islamista, se refiere a "los actos preparativos impunes" que se descubren en la detención de algunos sospechosos pero que no sirven como prueba para acusar. "Conseguir pruebas en estos casos entraña una gran dificultad. La falsificación de documentos, tarjetas de crédito y otros actos preliminares no son suficientes". Pedro Rubira, uno de los fiscales que mejor conoce el funcionamiento de estas células, coincide en el diagnóstico. "Si se les detiene antes del atentado muchas veces las pruebas no bastan. El problema es llegar tarde. Entre los actos preparativos y la acción terrorista a veces hay poco tiempo".

Santos calcula que alrededor del 10% de los que quedan en libertad provisional se dan a la fuga. "La mayoría acuden a las presentaciones y a veces nos sorprende que lo hagan sabiendo que tienen el riesgo de ir a prisión". Pero cuando las comparecencias terminan los sospechosos desaparecen del control policial. Los cuerpos de seguridad tienen fichados a más de 300 radicales islamistas. Hoy permanecen en prisión 51 presuntos miembros de Al Qaeda.