La Unión Europea de los Veinticinco tiene un perfil más racista y xenófobo

Los gitanos de la República Checa y Eslovaquia no tienen derecho a votar en estas elecciones europeas. Los de Hungría tienen 10 años menos de esperanza de vida que sus conciudadanos. En Holanda, el 60% de los demandantes de asilo son rechazados por procedimiento abreviado, y en Alemania, ni siquiera los afganos o los iraquíes logran el estatuto de refugiado. El Informe 2004 sobre los Derechos Fundamentales en la UE, el primero que incluye a los 10 nuevos países, ofrece un perfil más racista y xenófobo de Europa, con prácticas inéditas en su mayoría contra extranjeros y gitanos.

El Informe sobre los Derechos Fundamentales en la UE lo elaboran cada año expertos nacionales para la Comisión Europea. El relativo a España deplora la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acometida en 2003 que permite mantener incomunicado a un detenido durante 13 días. También destaca la violencia doméstica, que ha costado 77 vidas de mujeres el año pasado, y las discriminaciones que sufren los inmigrantes y las minorías étnicas.

En el contexto general del informe de la UE, España, sin embargo, apenas merece el reproche de los expertos a la hora de hacer un recuento de las situaciones más denunciables. Y ello a pesar de que son numerosas entre los viejos socios de la Unión. En Austria se confina en viejas cárceles a los demandantes de asilo; en Francia se ejerce la violencia sistemática hacia los expulsados; en Bélgica los inmigrantes irregulares pueden quedar retenidos de forma indefinida si no cooperan en su repatriación. En Italia, Portugal y Suecia se expulsa a los demandantes de asilo aunque hayan apelado contra la expulsión.

Los nuevos socios abren el abanico de las actitudes xenófobas. Los casos más preocupantes son los de Estonia y Letonia. En el primer país, hasta 162.890 personas, el 12% de la población, están consideradas "no ciudadanas" o apátridas sin derecho, por tanto, a participar en las elecciones generales. En Letonia tienen ese mismo estatus 494.319 personas, muchas de ellas de origen ruso, de una población total de 2,3 millones de habitantes. Los expertos señalan que los nuevos países de la Unión están haciendo esfuerzos por resolver estas situaciones, pero reconocen que amplían todavía la faz racista y xenófoba de Europa.

El informe critica también algunos aspectos de las normas europeas aprobadas durante el año pasado en la incipiente política de Justicia e Interior de la UE. Consideran que los tres años de plazo máximo recogido en la directiva de reagrupación familiar para permitir la entrada de familiares es "desproporcionado" y también critican que dicha directiva permita a los países analizar las "condiciones de integración" de los menores con más de 12 años para permitirles la reagrupación.

Los gitanos viven en Europa en peor situación socioeconómica que el resto de los ciudadanos con diversos tratos discriminatorios. Ocurre, como señala el informe, en Reino Unido (se rechaza previamente su entrada), en Grecia, España, Suecia, Italia o Polonia, pero los expertos nacionales hacen un llamamiento especial a que cese el acoso policial permanente al que les somete Eslovaquia.

De la difícil situación que sufren en España, el informe nacional destaca un dato espectacular: hay absentismo escolar en el 70% de los gitanos de más de 14 años y el 90% de las gitanas de esa misma edad.

La pérdida de libertades individuales en razón de la lucha antiterrorista tras el 11-S se ha consolidado en Europa, dice el informe. Especialmente preocupantes son las prácticas británicas, como el encarcelamiento sin juicio, y las escasas garantías procesales en Estonia, Chipre y Eslovaquia.

Los 10 nuevos países aportan a la Unión varias discriminaciones contra otros colectivos. Así, por ejemplo, en Hungría se separa a los presos que tienen sida, en Eslovaquia se utilizan camas-celda para los enfermos mentales y el pasado comunista es un obstáculo importante en la República Checa para obtener un puesto en la Administración.