La UE pondrá en marcha su servicio diplomático en cuanto se firme la Constitución

La Unión Europea pondrá en marcha un servicio diplomático común, denominado en el proyecto constitucional Servicio Europeo de Acción Exterior, el mismo día en que los líderes europeos firmen la Carta Magna, presumiblemente a finales de año en Roma, sin esperar a que sea ratificada en un proceso que se prolongará al menos dos años. Las últimas innovaciones incluidas en la Carta Magna conocidas ayer indican que ese mismo día será nombrado el ministro europeo de Exteriores. El texto añade explícitamente que, como ese ministro será también vicepresidente de la Comisión, el comisario de la misma nacionalidad que el ministro tendrá que dejar su puesto.

La presidencia de turno de la UE, Irlanda, difundió ayer varias enmiendas introducidas en el proyecto constitucional que, en su opinión, ya gozan de suficiente apoyo entre los Veinticinco. Algunas de ellas acabarán afectando a los españoles Javier Solana, hoy secretario general del Consejo, y Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos, si, finalmente, el primero es nombrado ministro europeo de Exteriores, un objetivo que cuenta con el pleno apoyo del Gobierno español, como señaló ayer en Madrid el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

En uno de los artículos introducidos se indica que el mandato del secretario general del Consejo y Alto Representante para la Política Exterior de la Unión concluye el mismo día en que entre en vigor la Constitución. Es decir, que ese mismo día será nombrado el ministro europeo de Exteriores. Y añade en otro artículo: "El día del nombramiento del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión finalizará el mandato del comisario que tenga la misma nacionalidad que el ministro de Asuntos Exteriores".

Con respecto al Servicio Europeo de Acción Exterior, que "asistirá" al ministro, el texto señala que estará integrado por funcionarios de departamentos "relevantes" del Consejo de la UE, de la Comisión y de los Estados miembros.

Otros dos asuntos que la presidencia irlandesa da por cerrados afectan igualmente a España. Así, el proyecto recoge parcialmente la propuesta española para que en la UE puedan utilizarse lenguas cooficiales como el catalán, el euskera o el gallego. El texto indica que la Constitución podrá ser traducida a esos idiomas si el Estado afectado lo pide y las copias correspondientes serán depositadas en el Consejo de la UE. No añade, sin embargo, la petición española para que se puedan utilizar esas lenguas en las relaciones con las instituciones europeas.

El proyecto recoge, asimismo, un artículo pedido por el Gobierno español según el cual los Estados tomarán todas las medidas legales en sus manos para combatir la violencia doméstica.

Los textos difundidos ayer no incluyen propuestas sobre los temas más espinosos que afectan al reparto de poder (España y Polonia quieren modificarlo) o a las líneas rojas marcadas por Londres, que básicamente se resumen en la exigencia de mantener el derecho al veto en fiscalidad, seguridad social, cooperación judicial penal y política exterior. El reparto de poder será pactado por los líderes en la cumbre del 17 y 18 en Bruselas, y las líneas rojas británicas serán debatidas el lunes por los ministros de Exteriores en Luxemburgo.