Difícil, pero no imposible

Era de esperar que el esbozo de Plan de Choque de la Vivienda expuesto recientemente por la ministra del ramo en el Congreso provocase agudas reacciones entre los agentes del mercado y un esquinado escepticismo sobre los inevitables vaivenes y cambios en las cifras prometidas. La propuesta del Gobierno tan sólo pretende, sin embargo, poner en práctica, con cierto grado de audacia, eso sí, unas medidas que gozan de un estimable grado de acuerdo entre los expertos.

María Antonia Trujillo propone reducir la desgravación fiscal a la vivienda, rebajar el IVA desde el 7% al 4% en la compra de viviendas de protección oficial (VPO), crear una agencia nacional de alquiler y construir 90.000 nuevas VPO. Para facilitar la edificación de esas viviendas, el ministerio quiere poner en el mercado suelo procedente del Ministerio de Defensa y de la empresa pública Renfe, previamente inventariado. Es decir, frente a la conducta negligente de gobiernos anteriores, las autoridades económicas pretenden actuar sobre el mercado de la vivienda para moderar el crecimiento de los precios y permitir que individuos y familias con rentas bajas y medias accedan a un piso digno.

Los trazos de esta nueva política no son un disparate. Durante años, los conocedores del mercado inmobiliario han señalado la distorsión que introduce la desgravación fiscal (en el IRPF) por vivienda, que supone una transferencia implícita de rentas a los compradores de pisos, que, a su vez, ha contribuido a configurar un mercado comprador en casi constante expansión de precios, penalizando así gravemente los alquileres. El propósito de ello es reducir paulatinamente esa desgravación y sustituirla por ayudas directas a compradores e inquilinos. Las condiciones para que esta propuesta no cause un choque en el mercado son que la reducción sea paulatina, que se respete la desgravación de quienes se benefician de ella y, por supuesto, que se haga saber rápidamente a partir de qué fecha son aplicables las nuevas condiciones fiscales menos beneficiosas para el comprador. En este punto cabe hacer un primer reproche al ministerio. Cuando se insinúan cambios en esas condiciones, deben quedar claros todos los aspectos de la modificación. Y un segundo: el manual de una reforma económica debe incluir por definición una relación de los grupos de renta beneficiados por el cambio y un cálculo lo más exacto posible de sus fuentes de financiación, presupuestaria o extrapresupuestaria. Nada de eso dijo la ministra.

La formación de un mercado nacional de alquiler es otra de las condiciones reconocidas para procurar un aterrizaje suave de los precios, así como facilitar viviendas dignas, en alquiler o propiedad. Nada más natural que ofrecer la oportunidad de elegir sin dramas y con garantías entre un mercado de compra, hoy mayoritario, y otro de alquiler. Pero este último no existe, lo que causa una distorsión grave en el mercado inmobiliario. Por ello, carecen de base las insinuaciones de que el Gobierno quiere hacer "dirigismo económico" cuando pretende activar los alquileres. Al contrario, son las condiciones fiscales las que sí pueden entenderse como un ejemplo de manipulación del mercado en favor de la propiedad.

Las propuestas requieren una negociación compleja con otros ministerios -Hacienda, Defensa...-, mucha mano izquierda con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sin cuya colaboración nada se conseguirá, y cierto tiempo para que lleguen al mercado. El modo en cómo se articulen y apliquen -por ejemplo, qué competencias tendrá la Agencia Nacional de Alquiler, cuánto subirán los módulos de la VPO para que sean atractivas para los promotores o quién gestionará el suelo público inventariado- determinará el éxito o fracaso de la nueva política. Es una apuesta complicada, razonable en cuanto que coincide con diagnósticos generalmente admitidos, y factible si se gestiona con decisión. Ya se verá si el Gobierno tiene temple para ganarla.