Concierto en segundo plano

Las administraciones central y vasca cerraron en febrero de 2002 la última versión del Concierto Económico vasco, que por vez primera tenía carácter indefinido. Aquellas negociaciones se retrasaron dos meses sobre la fecha prevista de cierre por la reiterada exigencia del Gobierno vasco de incluir en el texto la presencia de Euskadi en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) que traten temas fiscales. Ha pasado más de un año y el PNV, la principal fuerza del Ejecutivo tripartito, no ha renunciado a esta pretensión. Más aún, la ha ampliado. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, señaló en los prolegómenos de la campaña electoral, que se verá a Euskadi sentado en los Consejos de Ministros de la UE, sin detallar para qué cuestiones o de qué manera.

La posibilidad de que las comunidades autónomas puedan estar dentro de la representación de España en los Consejos de Ministros es una cuestión que no rechazan en principio el PSOE ni el PP. Pero ambos partidos no quieren sistemas particulares. La exigencia nacionalista en temas fiscales llega por un doble motivo. Por un lado, Euskadi y Navarra son las dos únicas comunidades que cuentan con capacidad normativa plena, no delegadas. Por otro lado, en los últimos siete años actuaciones derivadas del Concierto han sido investigadas por la Comisión Europea y se encuentran hoy pendientes de sentencia en el Tribunal de las Comunidades Europeas.

El debate del Concierto Económico, el principal instrumento del autogobierno vasco, y su relación con Europa quedó superado con la entrada en escena del plan Ibarretxe. En enero de 2000 se cerró la judicialización del Concierto tras la firma de la paz fiscal entre Madrid y Vitoria. Aquel acuerdo supuso la retirada por la Administración central de los recursos pendientes, a cambio de la derogación de los incentivos fiscales a la inversión, entre ellos las minivaciones fiscales para empresas de nueva creación, que conllevan una reducción en la base imponible del 99%, el 75%, el 50% y el 25% en los cuatro primeros años, y el crédito fiscal del 45% a las inversiones de más de 2.500 millones de pesetas. Ese acuerdo y la firma del Concierto definitivo cerraron el círculo de prioridades de los nacionalistas vascos. Se terminaron las declaraciones institucionales de apoyo al Concierto y los mensajes dramáticos sobre los riesgos del autogobierno. Se olvidó la propuesta de la Diputación de Vizcaya para que los tratados de la Unión reconocieran el régimen de Concierto en igualdad con el resto de los sistemas fiscales europeos.

La propuesta soberanista del Gobierno del lehendakari Ibarretxe dejó todo en un segundo pplano y la reivindicación de estar en Europa en defensa de las cuestiones fiscales se convirtió en una reivindicación más amplia. La polémica sobre el Concierto queda ahora limitada a la guerra de descuentos entablada desde hace un año entre ambos gobiernos. El Ejecutivo vasco descontó unilateralmente del cupo 32,2 millones de euros, interpretando que le corresponden por

la liquidación de los gastos sanitarios de 2002, y el Gobierno central ha respondido con la misma medida.

Los presuntos riesgos europeos del Concierto parece que ya preocupan menos en Euskadi. La cara de la polémica sobre la necesidad de disponer de una representación propia ante los órganos de decisión de la UE para preservar el Concierto en la UE ha sido la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia. Su última aparición en defensa de esta tesis nacionalista fue en septiembre de 2002, en un viaje a Bruselas para entrevistarse con el comisario de la Competencia, Mario Monti. Allí trasladó al comisario la voluntad de las instituciones vascas de cumplir las resoluciones contra los incentivos fiscales vascos a la inversión, considerados por Bruselas ayudas ilegales, pero con cierta flexibilidad para no perjudicar a las empresas que se beneficiaron de ellas. Al final de aquel encuentro, que no trajo consecuencias sobre las sanciones impuestas, Zenarruzabietia destacó que la reunión había servido para demostrar ante Madrid que las instituciones vascas son capaces de defender "directamente" en Bruselas sus propios intereses.

Ahora todo el mundo confía en que los largos plazos de resolución de los asuntos por parte del Tribunal de Luxemburgo y la posibilidad de recurrirlos ponga sordina sobre la cuestión pendiente de la devolución de los incentivos a la inversión considerados "ayudas de Estado". Y la renuncia de las diputaciones a seguir utilizándolos hace que el del Concierto se vea como un problema del pasado.