Agricultura negociará con las autonomías controles en el pago de ayudas

El Ministerio de Agricultura pondrá en marcha una política más transparente en las relaciones del departamento con el conjunto de las comunidades autónomas en materia de los pagos de las ayudas agrarias que se realizan a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Esta nueva política supondrá igualmente un compromiso de corresponsabilidad y se pretende que se instaure tras un proceso de negociaciones con los organismos pagadores de las comunidades autónomas, según manifestaciones del presidente de este organismo, Francisco Mombiela.

A través del Fondo Español de Garantía Agraria se canalizan anualmente a las comunidades autónomas más de 7.000 millones de euros como medidas de apoyo complementarias a la Política Agrícola Común (PAC). Aunque las normativas comunitaria y española marcan muy claramente los periodos para los pagos de esas ayudas y las exigencias para realizar los mismos, en muchos casos existen grandes diferencias entre las fechas cuando se hacen esos ingresos a los agricultores y los ganaderos entre unas y otras comunidades autónomas.

Desde algunas organizaciones agrarias se ha reiterado incluso la formulación de denuncias por estimar que el dinero que llega a las arcas de alguna comunidad autónoma para los pagos agrarios se ha llegado a destinar a otros fines más urgentes, retrasando los pagos a los agricultores y los ganaderos.

Inspecciones comunitarias

En relación con este tipo de pagos, cada año se producen inspecciones comunitarias en diferentes zonas y sectores que dan lugar a penalizaciones en las ayudas de la Unión Europea al Reino de España, en muchos casos por la falta de controles desde algún gobierno regional. Esas penalizaciones han sido aplicadas directamente por las autoridades de Bruselas, deduciendo las mismas de la cuenta de España sin que se hayan cargado esos recortes a las administraciones que provocaron la imposición de esas penalizaciones.

Frente a este situación, desde el Ministerio de Agricultura se pretende lograr una mayor coordinación entre el Fondo Español de Garantía Agraria y los organismos pagadores de cada comunidad autónoma, en primer lugar para saber cómo se llevan a cabo los pagos previstos en cada momento y cuáles son los remanentes en cada momento en cada Administración.

Por otra parte, se pretende igualmente que cada comunidad autónoma asuma su responsabilidad en sus competencias en materia de controles para evitar las penalizaciones comunitarias.

En los últimos años, si se hubiera aplicado esa política de corresponsabilidad, algunas comunidades autónomas se habrían quedado sin presupuesto, como sería el caso de Galicia y la cuota láctea. La Administración central quiere dejar a un lado el pasado, pero quiere que en el futuro haya un mayor rigor en lo referido a los pagos y los controles de las ayudas comunitarias.