El Supremo permite al Ejército de Israel destruir centenares de casas en Gaza

El Tribunal Supremo de Jerusalén autorizó ayer al Ejército de Israel a continuar demoliendo casas palestinas del campo de refugiados de Rafah, al sur de la franja de Gaza. La destrucción de estas viviendas permitirá a las tropas ampliar y fortificar el llamado Corredor Filadelfia, que transcurre a lo largo de la frontera de Egipto, donde en la última semana han muerto siete soldados cuando trataban de controlar el contrabando de armas y el paso de combatientes. "Cientos de casas han sido ya marcadas para su destrucción", ha afirmado un mando del Ejército de Israel.

La sentencia dictada por los jueces Eliahu Mazza, Dorit Beinisch y Eliézer Riviln cierra de un portazo las últimas esperanzas de los refugiados palestinos, del campo de Rafah, uno de los más deprimidos y desamparados de la zona, donde se amontan más de 100.000 habitantes, quienes desde que se iniciara la Intifada han visto impotentes cómo las excavadoras del Ejército israelí han venido destruyendo sistemáticamente sus casas, alegando razones de seguridad.

En poco más de tres años, las tropas israelíes han demolido más de un millar de casas de los refugiados de este campo, provocando una situación insostenible para millares de habitantes, que en algunos casos han perdido sus viviendas por tercera vez en poco más de cincuenta años, según asegura la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas de protección y defensa de los refugiados palestinos. Sólo en la semana pasada, los soldados destruyeron 88 casas y dejado sin vivienda a más de mil refugiados.

La mayor parte de las viviendas demolidas se encuentran en las cercanías de la línea fronteriza con Egipto, donde el Ejército trata de crear una zona vacía por la que discurra el Corredor Filadelfia, una carretera militar de cerca de cien metros de ancho y nueve kilómetros de largo, que sirva de tampón a la zona, impida el tráfico de combatientes y el contrabando de armas, en la mayoría de los casos a través de una red de túneles cavados en la arena.

El Tribunal Supremo arrojó ayer por el suelo las razones alegadas por 13 vecinos del campo de Rafah, quienes, amparados por el Centro Palestino de Derechos Humanos, que dirige el abogado Raji Surani, habían reclamado el fin de las demoliciones o, en el peor de los casos, que se arbitrara un sistema administrativo, que posibilitará recurrir las demoliciones. La sentencia es tajante, ya que asegura que los soldados podrán continuar demoliendo las casas sin aviso previo siempre y cuando los derribos se efectúen por razones de seguridad o si la vida de los soldados está en peligro.

Los jueces del Supremo recogen en la sentencia el compromiso del Ejército de que las casas no serán destruidas en operaciones de represalia, y que en cualquier caso sólo serán demolidas las que se consideren imprescindibles y por necesidades inmediatas. En los demás casos, deberán anunciar su intención de derribar las casas y permitir a sus moradores que recurran ante los tribunales.

La sentencia amparando la actuación del Ejército, confirma la tendencia habitual del alto tribunal de Israel, que en los últimos años ha venido dictando resoluciones favorables a las fuerzas de seguridad israelíes, cuando se trata de conflicto con los palestinos.

El doctor David Kretzmer, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Hebrea de Jerusalén, asegura que el "Supremo ha hecho parecer razonables todas las acciones controvertidas, de las autoridades israelíes, especialmente las más problemáticas, bajo los principios del derecho humanitario internacional".

El Supremo en los últimos años ha amparado, entre otras prácticas polémicas, el uso hasta 1999 de la "presión física moderada" en los detenidos, la deportación de personas, las demoliciones de casas como castigo y la construcción de asentamientos. El Supremo no ha querido aún ilegalizar los "asesinatos selectivos" de los líderes de la Intifada, a pesar de que la demanda fue presentada hace más de dos años y que se ha pedido su suspensión provisional.

Crimen de guerra

El jefe del Estado Mayor, el general Moshe Yaalon, aseguró ayer en la reunión semanal del consejo de ministros, ante un mapa de la zona, marcado con enormes trazos rojos, que sus tropas están ya dispuestas a demoler centenares de casas, que en su opinión están vacías, olvidándose de que todas estas viviendas han sido desalojadas en los últimos días por sus propietarios ante el avance de las tropas.

La política de demoliciones ha sido criticada por la izquierda israelí, que considera que se trata de un "crimen de guerra"; por la dirección palestina, que la ha calificado como una operación de "limpieza étnica"; por la UE, que ha pedido su paralización y por el propio secretario de Estado norteamericano, Colin Powell.

La demolición de casas ha sido contestada también por el Campo de la Paz israelí, que el domingo reunió a más de 100.000 personas en la plaza de Isaac Rabin, en Tel Aviv, en uno de los actos pacifistas más importantes y multitudinarios de los últimos años. Los congregados reclamaron la salida inmediata de Gaza y la reanudación del proceso de diálogo con los palestinos. Los últimos sondeos aseguran que el 70% de la población israelí está de acuerdo con la descolonización y retirada del Ejército de Gaza, tal y como lo proyectó el primer ministro, Ariel Sharon, en el plan que fue rechazado hace dos semanas por el Likud en un referéndum interno.

Anoche, la violencia continuó en Gaza. Tres milicianos palestinos murieron por el disparo de un vehículo blindado israelí en el norte de la franja, cuando trataban de cruzar la verja electrónica de separación de un puesto fronterizo, según informaron a la agencia Efe fuentes palestinas. De madrugada, por tercera noche consecutiva, helicópteros de combate israelíes disparon misiles contra diferentes objetivos en la ciudad de Gaza, entre ellos las oficinas del partido gubernamental palestino Al Fatah. Siete personas resultaron heridas leves por el ataque.