El Gobierno de Chávez se enfrenta a un escándalo de torturas en prisión

Ángel Ciro Pedreáñez es la segunda víctima de un incendio en una celda de castigo el 30 de marzo. Los familiares afirman que el siniestro fue provocado desde fuera del calabozo y que el Gobierno encubre a los responsables. La muerte de un soldado que convalecía de graves quemaduras ha desatado una nueva ola de acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad contra el Gobierno de Hugo Chávez.

Ángel Ciro Pedreáñez, del Batallón 105 de Ingenieros Carlos Soublette, murió de un paro cardiaco el martes a mediodía mientras era sometido a curas de rutina en el pabellón de quemados del Hospital Coromoto de Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, capital del Estado petrolero de Zulia, al occidente del país. Es la segunda víctima mortal de un incendio que se produjo el 30 de marzo en un calabozo disciplinario de Fuerte Mara, ciudadela militar en la que tiene su sede el batallón. En la celda se encontraban ocho soldados purgando castigos por faltas menores de disciplina y problemas de conducta.

El primer fallecido fue el también recluta Orlando Bustamante, quien murió el 4 de abril cuando era intervenido quirúrgicamente. La muerte de Bustamante ocasionó una crisis en el Gabinete de Chávez después de que éste, en su programa dominical de radio y televisión, afirmara que los soldados habían sufrido apenas heridas leves y que los medios de comunicación se habían encargado de exagerar el suceso. Pocas horas después de estas afirmaciones, Bustamante era declarado muerto. El ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón, asumió la responsabilidad por los erróneos datos manejados por el jefe del Estado y presentó la renuncia. Una semana más tarde, sin embargo, Chávez declaró que toda la culpa había sido suya, pidió perdón a los familiares de Bustamante y a los otros soldados heridos, y ratificó a Chacón en su cargo.

"Lo mataron"

La muerte de Pedreáñez causó el martes una gran conmoción, pues los informes médicos y los testimonios de sus familiares en los días previos referían, por el contrario, una sostenida mejoría. De manera inesperada, sufrió un paro cardiaco y no respondió a media hora de intentos de reanimación, según explicó el director del hospital, Crispín Marín. "Son imponderables que se presentan en medicina, a los que no siempre podemos superar", dijo el médico.

El padre del soldado, Ender Pedreáñez, acusó directamente al Gobierno de asesinar a su hijo. "Me lo mataron; éste es un Gobierno dictatorial, vandálico, satánico", dijo, y sostuvo su acusación en el hecho de que el joven estaba recuperándose y había vivido el lunes su mejor día desde que fue hospitalizado.

El caso ha avivado el perpetuo enfrentamiento entre el Gobierno y los grandes medios de comunicación, que han insistido en la tesis de que el incendio fue provocado desde la parte exterior de la celda. Algunos periódicos han afirmado que los carceleros emplearon un lanzallamas. Esta versión ha sido refutada por los informes técnicos de los bomberos que actuaron para sofocar el incendio y considerada fantasiosa por altos oficiales militares, pues el uso de tal arma, que emplea napalm, habría carbonizado a los ocho reclusos.

Después de conocerse la información de la muerte de Pedreáñez, un canal de televisión difundió una supuesta grabación realizada por el abogado de la familia, en la que el soldado afirmó que el siniestro se inició cuando un individuo accionó "un tubo con candela".