Blanqueos y plusvalías

Entre las acusaciones particulares ha causado estupor la inhibición de la Agencia Tributaria en una operación urbanística en la que, según el fiscal, se generaron meticulosamente unas plusvalías de casi 700 millones de euros, tanto por recalificaciones del suelo como por el aumento del precio de la vivienda privada al reducirse la vivienda de protección pública.

La justificación del peritaje de Hacienda no sólo venía dado por el monto del dinero movido, sino por la maraña creada para ocultar a los verdaderos beneficiarios, como apuntaba la querella del fiscal: "A la enorme importancia económica de estas operaciones fraudulentas se añade un complejo instrumento societario con el fin de ocultar los verdaderos beneficiarios de este conjunto de operaciones descritas que se sitúan desde el ámbito de la absoluta resistencia al desarrollo de sectores de viviendas de protección pública hasta la recalificación abusiva y contraria a toda normativa de los mismos cuando no la presión sobre las autoridades responsables del urbanismo municipal y autonómico".

El desinterés de Hacienda chirría con el hecho de que el fiscal denuncia un delito de blanqueo de capitales. La querella también citaba la existencia indiciaria de otros delitos como asociación ilícita para cometer delitos relativos al mercado, prevaricación, revelación de secretos, aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y maquinaciones para alterar el precio de las cosas.

Mientras se reponen de la sorpresa suscitado por tal negativa, las partes están interesadas por conocer el destino de los informes solicitados a la Guardia Civil en relación con esta trama de corrupción urbanística, cuyo esquema se resume de la siguiente manera en la querella del fiscal: el ex alcalde Pablo Zúñiga se concertó con determinados constructores y promotores para que especularan con el suelo residencial del municipio mediante información privilegiada. Y se concertó igualmente con un técnico elegido por él, Leopoldo Arnaiz, para que propiciara propuestas de recalificación favorables a dichos intereses privados y en contra del Plan General de Ordenación Urbana, singularmente del número y porcentaje de viviendas protegida. Sus propuestas salieron adelante merced a la mayoría del PP en el pleno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 29 de abril de 2004.