Suspense para las tarifas y el UMTS

La victoria electoral del PSOE puede suponer un nuevo giro en la regulación del sector de las telecomunicaciones, cuya legislación ha sido parcheada reiteradamente en las dos legislaturas de los ejecutivos del PP. Lo más positivo es que el programa electoral de los socialistas apenas consta de seis puntos, lo que le permitirá una gran margen de libertad en este materia.

Por el momento, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo asumirá las competencias en materia de telecomunicaciones que hasta ahora estaban en manos del de Ciencia y Tecnología, que desaparece.

La parte más visible del cambio político para el sector ha sido la paralización del acuerdo para la implantación de la telefonía móvil de tercera generación (UMTS), que permitirá la transmisión de imágenes en directo y el acceso rápido a Internet. El pacto fue firmado con los responsables de las cuatro operadoras (Telefónica Móviles España, Vodafone, Amena y Xfera) el pasado 4 de marzo, y estaba pendiente sólo de la firma del ministro.

La financiación del servicio universal será mixta, con capital público y privado como pide Telefónica

Por tal acuerdo, las operadoras de móvil se comprometían a comercializar este servicio en las principales ciudades del país en el segundo semestre de este año. Además, el pacto incluye el compromiso de las compañías de invertir 6.300 millones de euros en 10 años en despliegue de red que permitan a España ser uno de los países pioneros en contar con esta tecnología.

El PSOE deberá renegociar el acuerdo o propiciar uno distinto, y lidiar de paso con el gran problema de la instalación de antenas, para el que muchos de los ayuntamientos (y, entre ellos, los gobernados por los socialistas) son reticentes.

Colateralmente, el nuevo Ejecutivo va a tener que tomar la decisión, aplazada deliberadamente por el PP, de darle una salida a Xfera, el operador participado por ACS y FCC, cuya viabilidad comercial se antoja difícil, y cuyo proyecto para comenzar a operar es desconocido.

Otra gran tarea que tiene pendiente el PSOE son la regulación de las tarifas telefónicas. Actualmente, Telefónica está sujeta a un sistema de precios máximos que, según el programa electoral va a desaparecer, aunque no aclara si se sustituirá por otro distinto o se respetará el pacto anunciado por el Gobierno anterior de liberalizar completamente las tarifas en 2005.

En principio, los socialistas se han mostrado muy beligerantes con las diferentes subidas de la cuota de abono mensual, porque entienden, como las asociaciones de consumidores, que perjudican a las familias con menos renta.

El PSOE se ha comprometido a "solucionar la financiación del servicio universal", mediante una fórmula mixta de pago público y privado. Esta es una de las principales demandas de Telefónica que costea en solitario el servicio, pese a que la Ley General de Telecomunicaciones contempla la creación de un fondo con las aportaciones de todas las compañías.

Asimismo, deberá dar salida a los cuatro reglamentos de telecomunicaciones que debían estar listos para primavera y que, previsiblemente, se aplazarán. Entre ellos, el más importante es el que se refiere a la calidad del servicio y los derechos de los consumidores.

El PSOE ha anunciado que pretende potenciar el desarrollo del cable y conseguir mayores niveles de inversión en el conjunto del sector "a través de un marco regulatorio claro y estable".

En telefonía móvil, también pretende una nueva regulación de los precios de interconexión, que podría reducir los precios finales de las llamadas, hasta cinco veces más caras que las que realizan por un teléfono fijo.

El ministro de Industria, José Montilla, contará con el contrapeso regulador de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), que preside Carlos Bustelo, que tiene su cargo asegurado durante los próximos cuatro años.