Carpetazo a la batalla del Ebro

La anunciada derogación del artículo 13 del Plan Hidrológico Nacional (PHN) tumba prácticamente la ley, cuyo fundamento no es otro que el de regular la transferencia de agua entre cuencas. Con la eliminación de este artículo clave, que autoriza el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos de agua del bajo Ebro a todo el litoral mediterráneo, desde Barcelona hasta Almería, la ley del PHN no se sostiene. El resto son añadidos y un listado de obras como las que suelen incorporarse todos los años en las leyes de acompañamiento de los Presupuestos del Estado.

Con esta revocación, se rescindirán también los cuatro contratos que la empresa pública Trasagua, encargada de ejecutar el trasvase, había adjudicado en fechas anteriores a las elecciones. En total son 93 millones de euros en canalizaciones o conducciones sobre 21,5 kilómetros de longitud estratégicamente distribuidas en las comunidades valenciana y murciana, gobernadas por el PP, más una cuarta en Almería.

"La marcha atrás en el trasvase del Ebro no acarrea perjuicios para los potenciales beneficiarios, ni para las constructoras o el erario público"

De las cuatro empresas adjudicatarias, Dragados (Grupo ACS) es la más afectada. Trasagua le ha encargado la obra de más envergadura, un túnel de 13 kilómetros entre las provincias de Valencia y Alicante, valorado en 67 millones de euros, que muy probablemente será la única obra de las licitadas que no se haga.

Despropósitos por un tubo

Otras dos licitaciones anunciadas se han paralizado. Una canalización de 31,5 kilómetros por 29,3 millones de euros en la zona de Almería, y la contratación de 555 kilómetros de tubería por más de 639 millones de euros. Cuando el Ministerio de Medio Ambiente anunció el contrato de las tuberías, las constructoras se llevaron las manos a la cabeza. Según fuentes del sector, resulta inaudito un contrato de esta envergadura cuando no existe en España ningún fabricante capaz de proporcionar un pedido de estas características.

Tampoco se explican que un trasvase de 914 kilómetros de longitud repartido en decenas de tramos y a otras tantas constructoras adjudique las cañerías por separado y a un único contratista. Además, se les arrebata el margen correspondiente de los materiales y complica extraordinariamente la ejecución de la obra por depender de un único proveedor.

En cualquier caso, la marcha atrás de las principales adjudicaciones del trasvase no acarrea perjuicios para los potenciales beneficiarios, las constructoras o el erario público. Las administraciones disponen de mecanismos que permiten permutar unas obras por otras. Y como el trasvase se fijaba 2008 como escenario para su ejecución, a corto plazo apenas tiene repercusión sobre los usuarios. El trasvase Tajo-Segura, con casi 25 años de funcionamiento, todavía tiene pendientes de adjudicar concesiones de agua.

Para el nuevo Gobierno, lo más inmediato es aprovechar la disponibilidad de fondos europeos para la financiación de obras incluidas en el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional y poner en marcha aquellas que palíen las situaciones de carencia más urgentes.

El equipo de Cristina Narbona, la ministra de Medio Ambiente, integrado, entre otras personas, por el nuevo secretario de Territorio del ministerio, Antonio Serrano, y por el futuro director general de Obras Hidráulicas, Juan José López Martos, trabajan aceleradamente desde hace días en tener listo para el próximo mes de mayo un real decreto con medidas alternativas al trasvase, que será ampliamente publicitado.

Para la zona de Almería, y habida cuenta del éxito que han tenido las desaladoras promovidas por los agricultores con ayudas europeas y la mediación de la Junta de Andalucía (ya se han instalado cuatro), se prevé la construcción de tres nuevas plantas en las localidades de Cuevas de Almanzora, Campos de Níjar y el Poniente, así como impulsar la finalización de la denominada autopista del agua que facilitará la distribución de caudales procedentes del embalse del Negratín y de la gran desaladora de Escombreras para los abastecimientos y riegos de invernadero almerienses.

Lo más urgente está en Murcia. Los 22 municipios que tuvieron restricciones entre seis y ocho horas diarias el año pasado acaban de recibir el aviso de su abastecedor, la Mancomunidad de los canales del Taibilla, de que se prohíbe baldear las calles, regar sus jardines. También ordena el sellado de todas aquellas instalaciones ornamentales o de ocio que no utilicen circuito cerrado de agua (fuentes, piscinas, sistemas de refrigeración...).

En la región dependiente del Segura para sus abastecimientos (Murcia y litoral alicantino), casi todo se ha fiado al trasvase del Ebro. De las nueve actuaciones incluidas en el anexo del PHN, ninguna se ha puesto en funcionamiento, ni siquiera las dos grandes desaladoras licitadas por José Borrell hace más de ocho años.

La actuación inmediata aquí será la creación del primer banco público del agua para aliviar con urgencia la escasez -con tendencia a incrementarse en los últimos años- y aprovechar las nuevas oportunidades para los productos hortofrutícolas locales que presentan los países recién incorporados a la Unión Europea.

Reasignación de recursos

Los bancos públicos del agua se consideran un instrumento idóneo para la reasignación de recursos en situaciones de sequía que, en el caso de Murcia y norte de Castellón, aprovecharán los sobrantes de agua procedentes de la desaparición de riegos tradicionales por la expansión urbanística para su redistribución a otros usos perentorios.

En Cataluña, la Agencia de Agua da los últimos toques a varios proyectos de reutilización de aguas y mejoras de conducciones que reduzcan un 20% las pérdidas. El plan de choque está valorado en unos 500 millones de euros, que optará a ser financiado con Fondos Europeos de Cohesión, mientras el resto de actuaciones en la Comunidad Valenciana, Almería y región de Murcia optarán a los fondos Feder, por tratarse de territorios incluidos dentro del Objetivo 1º de los previstos en la UE.

A más largo plazo, el nuevo Gobierno deberá abordar la creación de la Conferencia Sectorial del Agua, una institución donde las comunidades autónomas tendrán ocasión de negociar y pactar un aumento de las dotaciones para el trasvase de agua entre los ríos Tajo y Segura que está infrautilizado. Nunca ha llegado a transferir caudales superiores a 600 hectómetros cúbicos, cuando se construyó para una capacidad de trasvase de 1.000 hectómetros.