Máxima prioridad para la innovación

Dos de los principales objetivos de la política económica del PSOE -el aumento de la productividad y el de la competitividad- están basados en un único pilar: el I+D+i. La necesidad de aumentar la inversión española en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) formaba parte de los programas electorales de todos los partidos. Y es que nadie niega que el desarrollo científico y tecnológico es clave para el posterior desarrollo económico de España, más aún en la era de la deslocalización industrial. Los partidos políticos diferían, eso sí, en cuánto más había que invertir.

El PSOE se ha comprometido a aumentar el gasto anual en I+D+i en un 25% anual; el PP lo ha hecho, hasta ahora, en un 10%, aproximadamente. Ha prometido, además, excluir los gastos en investigación militar, que actualmente se computan en esta partida a efectos de los presupuestos generales.

Concretar ventajas para la investigación ha sido muy complejo hasta ahora, por el continuo tira y afloja entre Ciencia y Tecnología y Hacienda

El PSOE tiene por delante un trabajo hercúleo. Según lo acordado en la Cumbre de Barcelona, la UE debería invertir el 3% del PIB en I+D+i para 2010. En España, el porcentaje estaba en el 0,69% en 2002. Seis años clave, en fin, para determinar la capacidad española para coger el tren europeo de la innovación.

La base de trabajo de la que partirá el nuevo gobierno será el Plan Nacional de I+D+i, aprobado el pasado noviembre, para el periodo 2004-2007. Los socialistas reconocen algunas ventajas en este plan, aunque lo creen "mejorable" y planean revisarlo, sobre todo para promover la investigación básica y reforzar las acciones estratégicas.

Mucho más complejo será bajar del terreno de las grandes cifras macroeconómicas a las micro. La Cumbre de Barcelona también sugería que dos tercios de la inversión en I+D+i europea deberían estar financiados por el sector privado.

En España, las empresas aportaban el 54,6% de la inversión nacional en I+D+i, en el año 2002.

El PSOE se plantea modificar la manera de atraer inversión privada en tecnología, estimulando el capital riesgo, creando una agencia que facilite a las empresas el acceso a los fondos públicos y sustituyendo las bonificaciones fiscales por subvenciones. El Plan Nacional 2004-2007 incluía el aumento de las deducciones directas por inversión en I+D+i y para personal investigador.

Concretar las ventajas fiscales, sin embargo, ha sido muy complejo hasta ahora, por el continuo tira y afloja entre los ministerios de Ciencia y Tecnología y Hacienda. En la próxima legislatura serán los ministerios de Educación e Industria los que se repartan las competencias en ciencia y tecnología.