Ultimátum a Gibraltar

La Comisión Europea dio ayer un ultimátum al Gobierno de Gibraltar y, subsidiariamente, al Reino Unido, encargado de las relaciones exteriores de su colonia, para que presente una propuesta seria que termine con la condición de paraíso fiscal del Peñón. Según la Comisión, el paraíso fiscal gibraltareño perturba el funcionamiento del mercado único europeo, fomenta la competencia desleal de las empresas instaladas en Gibraltar en relación a las establecidas en otros países de la Unión y genera la existencia de una economía ficticia en el mismo Peñón. Es asimismo obvio que el régimen fiscal de Gibraltar le convierte en un refugio en el que lavan su dinero negro diversas organizaciones dedicadas al contrabando, al tráfico de drogas o a diversas actividades mafiosas. Estamos ante un auténtico escándalo para todo el continente.

Las cifras son elocuentes: en Gibraltar hay inscritas unas 29.000 empresas, más que habitantes tiene la colonia. Más de la mitad de estas empresas declaran no efectuar la menor actividad y no tener el menor ingreso -es decir, son sólo tapaderas-, y sólo unas 1.400 pagan impuestos. Para la Comisión Europea está situación es insostenible, por lo que el régimen fiscal gibraltareño debe ser alterado sustancialmente. Si no es así, cabe la posibilidad de que el asunto sea llevado ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Las propuestas efectuadas hasta ahora por gibraltareños y británicos son consideradas poco serias por la Comisión. Una de las asignaturas clave para el futuro del mercado único, para su transparencia y ecuanimidad, es la mayor homologación posible de los regímenes fiscales de los países miembros de la Unión -Luxemburgo, Bélgica y Austria están en el punto de mira-, y cabría añadir que una cierta homologación con socios como EE UU. Es sabido que los británicos son los más reacios a esta idea de homologación fiscal. Pero mientras se intenta avanzar en esa dirección, la especificidad fiscal gibraltareña supera todos los niveles tolerables, como siempre han señalado los Gobiernos españoles. Ahora hay un plazo y una amenaza y cabe esperar que Londres asuma responsablemente sus obligaciones.