Un juez argentino anula los indultos a mandos militares

El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral declaró inconstitucionales dos de los indultos que el ex presidente Carlos Menem concedió a seis altos mandos de la dictadura militar (1976-1983), acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Es la primera vez que un magistrado se pronuncia en contra de los indultos dictados por Menem en 1989 y 1990.

Según fuentes judiciales, Canicoba investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército entre 1976 y 1983. En la misma resolución, el juez ordenó la inmediata detención de tres de los militares alcanzados por los indultos, de los cuales dos -Guillermo Suárez Mason y Juan Sasiaiñ- ya se encuentran en prisión por el robo de hijos de desaparecidos. La resolución no alcanzó a los tres imputados restantes -generales José Montes, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrero- debido a que han fallecido. Por tanto, sólo Jorge Olivera Rovere puede volver a la cárcel a partir de esta resolución.

El presidente Néstor Kirchner declaró anoche que "ya era hora" de que la justicia declarara la nulidad de esos indultos. Durante su gobierno (1989-1999), Menem firmó 10 decretos de indulto que beneficiaron a más de 300 miembros de la dictadura y jefes de agrupaciones guerrilleras. La decisión de Canicoba Corral cuenta también con el apoyo de los organismos de defensa de los derechos humanos aunque, sin embargo, generó críticas de expertos en Derecho Constitucional, que consideran que los jueces no pueden avanzar sobre una prerrogativa presidencial, informa Efe.

El juez tomó la decisión a partir de una petición de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, que buscan que los represores del Primer Cuerpo del Ejército vuelvan a ser juzgados por los delitos que se les imputan. Se trata de uno de los tres grandes expedientes judiciales sobre lo ocurrido durante la dictadura que la justicia argentina reabrió recientemente después de que, en agosto pasado, el Parlamento declarase la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esas normas, dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y sobre cuya validez todavía debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, habían librado de responsabilidad a más de un millar de acusados de graves crímenes. Canicoba Corral es uno de los jueces argentinos que considera nulas las leyes de perdón y basó su fallo de ayer en los pactos internacionales sobre defensa de los derechos humanos que tienen rango constitucional en Argentina desde la reforma de 1994.