El Tribunal de Cuentas dice que el ex delegado de Zona Franca de Cádiz no justificó 606.000 euros

La fiscalización de los balances de la Zona Franca de Cádiz que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas deja en evidencia varias irregularidades cometidas por el entonces delegado, Manuel Rodríguez Castro (PP), entre los años 1997 y 2001. Según el Tribunal de Cuentas, el ex delegado de este consorcio dependiente del Ministerio de Hacienda no justificó gastos en viajes y restaurantes cuantificados en 462.000 euros. Y tampoco razonó porqué contrató con empresas privadas ajenas a la Zona Franca de Cádiz labores de administración y asesoría por valor de 144.000 euros que no dieron resultado alguno.

Manuel Rodríguez de Castro, vinculado políticamente al vicepresidente primero del Gobierno, Rodrigo Rato, y a la candidata del PP a la Junta de Andalucía y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se vio obligado a presentar su dimisión el 19 de febrero de 2001, mes y medio después de que trascendieran las denuncias sobre su gestión. Según los informes internos de control presupuestario de la Zona Franca,Rodríguez de Castro gastó 1,33 millones de euros en viajes, almuerzos, regalos y partidas relacionadas con el protocolo en sus cuatro años de gestión, un millón más de lo previsto,

El delegado dejó la Zona Franca, pero no ofreció explicaciones sobre estas denuncias y otras relacionadas con la supuesta contratación irregular de personas vinculadas al PP y a su actividad en numerosas empresas privadas, cuando la Ley de Altos Cargos del Estado le limitaba en este ejercicio a un máximo de dos sociedades. Sin embargo, Rodríguez Castro se presentó como una "víctima" de la "campaña de acoso" que, a su juicio, había auspiciado el PSOE. Incluso llegó a compararse con el parlamentario andaluz Matías Conde, a quien por aquellas fechas se le atribuyó una frase xenófoba que asumió luego un diputado del PSOE.

Viajes y restaurantes

Rodríguez de Castro, de 39 años, reside en la actualidad entre México y Miami y es el presidente de la empresa Agencia-Hispana. Es consejero además de las firmas Iusacell y Electra, dos grupos mexicanos propiedad del empresario Ricardo Salinas, que ha sido investigado por la justicia mexicana en reiteradas ocasiones por supuestos delitos de corrupción.

El consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que preside la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, tenía como objetivo primero la gestión de una zona portuaria en la que las industrias instaladas no tenían que pagar impuestos por la entrada y salida de mercancías. Con la eliminación de aranceles a los países de la UE, el organismo estatal amplió su objeto social al fomento económico de su área de influencia.

En su informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas analiza el periodo en el que el consorcio estuvo dirigido por Rodríguez de Castro. El documento, de 88 folios, fue aprobado por el organismo fiscalizador el 17 de diciembre del año pasado y fue admitido a trámite en el Congreso de los Diputados el 23 de ese mismo mes, último día hábil en el Congreso de los Diputados, por lo que el informe no podrá ser analizado por el Parlamento nacional hasta la constitución de las nuevas Cortes.

El informe detalla que Rodríguez de Castro cargó 330.000 euros en gastos de viajes y restaurantes a tres tarjetas de crédito por cuenta del Estado. "La fiscalización de los gastos del delegado especial abonados mediante tarjetas de crédito se ha visto limitada en gran medida como consecuencia de su deficiente control por el consorcio y de la insuficiencia de la documentación aportada por la entidad". Asimismo, entre 1997 y 2000 se transfirieron al delegado 132.000 euros en efectivo en compensación de gastos sufragados por él, pero "sin que la dirección del Consorcio aportara a los servicios financieros los correspondientes justificantes de gasto".

Según el Tribunal de Cuentas, el ex delegado pasaba de forma habitual facturas sin justificar correspondientes a hoteles, coches con chofer y viajes a Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), Puerto Rico, Ciudad de México, Panamá y China. Asegura el Tribunal de Cuentas que algunas de esas facturas se pasaron dos veces y que, en muchos casos, no ha podido comprobarse su relación con viajes profesionales que realizaba Rodríguez Castro para la firma de convenios con países latinoamericanos.