Un cargo con poderes excesivos
El informe del Tribunal de Cuentas cuestiona las razones por las que la Zona Franca de Cádiz pagó 144.000 euros a empresas de asesoría "sin que se haya aportado ningún documento que desprenda la utilidad o rendimiento que le reportó esta contratación". Una decisión que, como la mayor parte de las contrataciones, correspondió al entonces delegado, Manuel Rodríguez Castro.
El órgano fiscalizador denuncia que el ex delegado asumió poderes excesivos que utilizó para contratar obras sin someterlas al control del Comité Ejecutivo de la Zona Franca. Rodríguez de Castro hacía además donaciones a entidades sin ánimo de lucro y sociales con fondos del Estado, "muchas veces", según el informe, por encima de las posibilidades financieras de la Zona Franca. El Tribunal advierte además de que la contratación de las diversas campañas publicitarias en medios de comunicación realizadas por el Consorcio "no se formalizó por escrito, no estando documentado, tampoco, el proceso de selección entre los distintos medios del presupuesto publicitario, que fue adjudicado en su totalidad por el delegado especial del Estado por el procedimiento negociado".
El Tribunal considera además que el consorcio pagó de forma indebida a Rodríguez de Castro 11.000 euros en el finiquito por conceptos relacionados con el convenio colectivo, del que el delegado está excluido. Las remuneraciones cobradas por el ex delegado durante estos cuatro años oscilaron entre los 72.000 y los 84.000 euros anuales e incluían el alquiler de su vivienda y el sueldo de su empleada del hogar.
