Chaves se compromete a "primar" la estabilidad laboral en todos los concursos públicos de la Junta
El candidato socialista dice que penalizará sin ayudas a las empresas que discriminen a la mujer
Manuel Chaves cree que ha llegado el momento de "dar el gran combate" por la calidad y estabilidad en el empleo. Aunque el margen de maniobra de la comunidad para actuar en este ámbito es muy limitado, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía se comprometió ayer a luchar contra la precariedad de manera que este aspecto se tenga en cuenta en los concursos públicos, licitaciones, adjudicaciones y contratación de servicios. El anuncio lo hizo ante un auditorio amigo: una reunión de cerca de un millar de delegados de la UGT, a la que asistió Cándido Méndez.
Chaves lleva bastante tiempo manifestando su preocupación por la baja calidad de los empleos lo que a la par que precariedad es una de las causas del aumento de los accidentes en el trabajo. Las competencias de la Junta de Andalucía en materia de contratación y de inspección (los inspectores dependen del Ministerio de Trabajo aunque actúan coordinadamente con las consejerías de empleo correspondientes) son muy reducidas y, por lo tanto, también su margen de maniobra.
El candidato socialista a la reelección, que reiteró su propuesta de un pacto nacional por la calidad en el empleo, se comprometió a "primar la estabilidad" laboral en la adjudicación de todos los contratos públicos de la Administración autonómica, una iniciativa que, en caso de ganar las elecciones autonómicas, la Junta no acometerá unilateralmente, sino que antes la someterá a la mesa de la concertación social en la que están sentados la Confederación de Empresarios de Andalucía, Comisiones Obreras y UGT.
El procedimiento hasta llegar ahí es típicamente chavesiano: crear un grupo de expertos "al máximo nivel" propuesto por los sindicatos para que "concrete los criterios que deben recoger las cláusulas" de los contratos públicos de la Junta de Andalucía.
Chaves quiere que la precariedad laboral "forme parte de la agenda política nacional" y sea considerado como "un problema de Estado" que tiene solución. E instó a los dirigentes y al equipo económico del Partido Popular a "preocuparse" por la estabilidad laboral que, en su opinión, es "más importante" que la presupuestaria.
Otra de las propuestas que lanzó el aspirante del PSOE a la reelección va enfocada hacia la igualdad de género, un batalla a la que se ha ido sumando poco a poco y que tuvo su expresión más visible cuando a principios de la legislatura que acaba de terminar nombró un Gobierno integrado por el mismo número de hombres que de mujeres. La iniciativa que dio a conocer ayer también opta por hacer valer el peso del presupuesto andaluz, ya que prometió que la Junta "no concederá ayudas de ningún tipo o las retirará a aquellas empresas que incurran en cualquier tipo de discriminación hacia la mujer".
Chaves también se mostró receptivo a los planteamientos que sobre la Administración pública expuso momentos antes el secretario general de la UGT de Andalucía, Manuel Pastrana, cuyas palabras sonaron en tono de advertencia.
Función pública
El dirigente sindical dijo que UGT "está comprometida con la reforma de los servicios públicos", aunque a renglón seguido advirtió: "Pero eso no hay que hacerlo a costa de los derechos de los trabajadores". Pastrana reclamó una reforma consensuada porque los "trabajadores no pueden terminar siendo carne de cañón de cualquier desalmado".
La reforma de la Administración autonómica es una de las prioridades que marcaron los miembros del comité asesor de la segunda modernización, sin la cual difícilmente se podrían acometer otras acciones de gobierno. En su programa, el PSOE recoge tímidamente, para evitar que se le acuse de ser un elefante en una cacharrería, cambios en el modo organizativo de la Administración para "superar el modelo de burocracia tradicional".
Los delegados sindicales escucharon de boca de Chaves lo que querían escuchar. El socialista se mostró de acuerdo con las palabras de Pastrana y se comprometió al "diálogo y al pacto para mejorar" la formación y motivación de los funcionarios, crear incentivos profesionales y "establecer condiciones salariales adecuadas".
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