Un funcionario, condenado por vender datos de cotizantes de la Seguridad Social
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cinco años y tres meses de prisión, 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 330.556 euros de multa a David J. V., un funcionario de la Seguridad Social de 53 años de edad que, entre 1993 y 1997, cobró 123.759 euros por suministrar a una empresa privada datos confidenciales de cotizantes. Así lo acuerda una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña, que considera al procesado autor de un delito continuado de cohecho, en concurso ideal con otro delito continuado de revelación de secretos, aplicándole la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo paralizada en distintos momentos por causas ajenas al imputado.
El fallo, que aún no es firme, establece la retirada definitiva al condenado de la condición de funcionario de la Seguridad Social que venía ejerciendo desde 1996. El fiscal pedía para él seis años de cárcel y doce de inhabilitación. Por otra parte, la Sala absuelve a otros dos acusados, Fermín Lorenzo J. B., empleado de la entidad que pagó por obtener los datos, y José Félix G. M., intermediario entre los otros dos inculpados, al considerar que durante el juicio no quedó probado que ninguno de los dos tuviese conocimiento de que David era funcionario ni que se valiera de ser empleado de la Seguridad Social para tener acceso a determinadas informaciones.
Según declaran probado los magistrados en su resolución, el procesado ejercía como jefe de negociado de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Madrid. En 1993 estaba al cargo, en calidad de agregado, del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de la calle de Cedaceros, dedicado a la gestión de prestaciones de incapacidad temporal y maternidad.
Gestor interno
"En una fecha no precisada de 1993", prosigue la sentencia, "David, a través de Fermín Lorenzo J. B., se ofreció a la empresa para la que éste trabajaba como gestor interno y que se dedicaba a la gestión de cobros impagados, Servifactor, SA, para facilitar información de deudores a cambio de una retribución económica".
El acusado aceptó la propuesta del funcionario, "sin que conste que supiese que era empleado público". De este modo, entre 1993 y abril de 1997 aportó a la sociedad aquellos datos que ésta le solicitaba de sus deudores, tales como números de afiliación a la Seguridad Social, domicilios, situación laboral, empresas para las que trabajaban, entre otros. Según consta en el fallo, el imputado actuó de esta manera pese a conocer que los datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones no podrían ser suministrados a terceros, dado el carácter confidencial que tenían. Por esta actividad percibió 123.759 euros.
