El Parlamento peruano investiga la red de corrupción política tejida por Montesinos

Mientras los ministros del nuevo Gabinete peruano se incorporan a sus cargos, jueces y congresistas tratan de avanzar en la espinosa investigación de las ramificaciones de la red de corrupción tejida durante diez años por el régimen de Alberto Fujimori y su asesor y jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Ayer, en la base naval de El Callao se celebró una nueva audiencia del juicio a Montesinos, iniciado en enero. A la misma hora, los integrantes de la comisión parlamentaria de fiscalización de casos de corrupción acudían al penal Sarita Colonia, en Lima, donde interrogaron al coronel Roberto Huamán. Este militar retirado está acusado de ser un estrecho colaborador de Montesinos y presunto responsable de la grabación de los vídeos, cuya salida a la luz ha comprometido en la red de corrupción a una gran cantidad de políticos, empresarios, jueces y militares.

El objetivo de los congresistas era confirmar si Huamán recibió el 15 de septiembre de 2001 en su celda al ex ministro de Justicia y actual embajador en España, Fernando Olivera, quien es a su vez líder del Frente Independiente Moralizador (FIM), único soporte parlamentario, además del oficialista Perú Posible, del Gobierno de Alejandro Toledo. El coronel confirmó la reunión, tal y como había declarado Olivera el pasado 9 de febrero ante la comisión parlamentaria. "Me visitó una vez, en horas de la noche", declaró Huamán. "Me sorprendió y me preguntó si estaba dispuesto a entregar documentos. Al decir yo que sí, se retiró de inmediato".

La visita al penal del entonces ministro de Justicia tenía por objetivo obtener una cinta de vídeo en la que Montesinos aparece sobornando con 350.000 dólares a Ernesto Schütz, propietario del Canal 5 (Panamericana) de televisión, a cambio de difundir información favorable al régimen de Fujimori. La cinta fue difundida por primera vez el 3 de octubre de 2001. Schütz pudo escapar de la justicia peruana y está refugiado en Argentina. Olivera asegura que supo de la existencia del vídeo a través de otro empresario de televisión, Genaro Delgado Parker. "Hablé con el procurador José Ugaz, fui al penal, inspeccioné el recinto, me reuní unos minutos con el coronel Huamán y le pregunté si tenía un vídeo que quería entregar a la justicia. Me contestó que sí y puse el caso en manos de la Procuraduría", ha declarado Olivera a este diario.

La imagen del embajador en España está cuestionada estos días en los medios de comunicación peruanos a raíz de la difusión de una cinta que registra una conversación entre César Almeyda, ex asesor del presidente Toledo que estuvo al frente del actual servicio secreto, y el general Óscar Villanueva, acusado de ser uno de los tesoreros de la red mafiosa de Montesinos y que pretendía acogerse a la ley de colaboración eficaz a cambio de dinero. Almeyda comprometió a Olivera en unas declaraciones de las que luego se retractó. "Varios periodistas dijeron que había otra cinta de audio en la que yo declaraba estar dispuesto a comprar la cinta de Almeyda por tres millones de dólares. Todo ha resultado ser falso", señala Olivera. Estos acontecimientos afectaron al Gobierno de Toledo y provocaron la última remodelación del Gabinete. El embajador en Madrid reclama una investigación "a fondo" del ex asesor del presidente Toledo y "de toda la red de tráfico de influencias que pueda haber montado este señor en la Administración pública". Almeyda ha estado vinculado con Indecopi, el organismo que tiene que ver con la reestructuración de las empresas en quiebra, con la Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores (Comasev), PetroPerú y Preinversión, entre otros.