Kirchner aprieta las tuercas

Néstor Kirchner, tras su reciente viaje a España, está a punto de enviar al Congreso un proyecto de ley que define un nuevo marco regulador de las privatizaciones y concesiones. Los borradores de la iniciativa ya han despertado sigilosas reclamaciones de las empresas porque aumentan el control público sobre inversiones, rentabilidad y tarifas de los servicios públicos.

Un banco estadounidense ha advertido ya a sus clientes de que el proyecto constituye una clara señal de alejamiento del modelo privatizador de los años noventa y un vuelco hacia un "estatismo poco familiar para los observadores y los inversores de la Argentina actual".

El banco señala tres objeciones, compartidas por buena parte de las empresas privatizadas y concesionadas. El papel emprendedor del inversor privado en algunos sectores regulados quedaría reemplazado, de sancionarse el nuevo marco, por uno de propietario que sólo opera. Ya ha ocurrido en 2003 con los concesionarios de carreteras que dejaron de percibir subvenciones porque el Estado recauda y gestiona las inversiones para mejorar y ampliar las redes. La decisión sobre inversiones, que hasta hoy depende de las compañías, se subordinaría a la aprobación del Ejecutivo, mientras que las ganancias deberán reinvertirse a partir de cierto límite. Se pretende que la inversión no sólo responda a criterios de rentabilidad, sino también a los de integración social y territorial.

Supervisión de inversiones, topes a la repatriación de ganancias, tarifas sociales y sometimiento a tribunales argentinos en caso de litigio

Por último, el sistema de precios fijados por el mercado se sustituiría por otro con tarifas sociales. No obstante, la mayoría de las privatizadas acepta que los más pobres, el 25% de los argentinos son indigentes, queden excluidos de una próxima subida de precios y abonen una tarifa subvencionada.

Enemigo del neoliberalismo

Kirchner es un crítico acérrimo de las reformas neoliberales de la década pasada, pero su Gobierno no está interesado en que el Estado recupere el papel de empresario vigente hasta los años ochenta. Propugna una función reguladora que no ha ejercido desde las privatizaciones.

En su primer viaje a España, en julio, el presidente atacó a las empresas de este país por unas ganancias que considera excesivas, pero en enero su segunda visita se coronó con amables anuncios de inversiones. Un miembro de un bufete español reconoció que las empresas desconfían de la sinceridad del giro amistoso de Kirchner, pero les satisface y lo interpretan como una señal de que podrán seguir haciendo negocios en Argentina. El Gobierno argentino niega que la discusión por las tarifas congeladas desde 2002 haya figurado en la agenda del periplo, pero los analistas creen que las compañías no habrían recibido tan bien a Kirchner sin alguna promesa sobre reajuste de los precios.

Una de las novedades del nuevo marco consiste en que los servicios deberán cobrar a los clientes excluidos de la tarifa social el precio más bajo posible y sólo podrán aumentarlo para asegurar la continuidad y calidad del suministro. Ya no se garantizará una rentabilidad concreta al operador. Y ésta estará expresada en pesos y no en dólares. Las empresas deberán explicitar la responsabilidad de sus matrices en la explotación del servicio. En caso de litigio, deberán recurrir a tribunales argentinos y no a instancias internacionales (en la actualidad hay demandas por 16.000 millones de dólares en el Banco Mundial).