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La Audiencia de Córdoba condena a 11 años a un cura por abusar de seis niñas

El obispo de Córdoba manifiesta su "apoyo" y le mantiene en la parroquia de Peñarroya

La Sección Primera de la Audiencia de Córdoba ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa de José Domingo Rey Godoy, sacerdote de la parroquia de El Salvador de Peñarroya (Córdoba) que, el pasado 2 de mayo, fue condenado a 11 años de cárcel por abusos sexuales a seis menores de entre ocho y nueve años. El obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, y el Consejo Episcopal aseguraron ayer que respetan la sentencia de la Audiencia. No obstante, manifestaron su apoyo al sacerdote, que continúa en activo en la parroquia de El Salvador.

La Audiencia de Córdoba confirmó la condena del sacerdote, párroco de El Salvador desde 1981: 11 años de prisión y pago de 1.500 euros a cinco menores y de otros 600 euros a la sexta niña implicada. Esta misma pena fue establecida por el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba.

El Obispado de Córdoba manifestó ayer su "apoyo y cercanía" al párroco de Peñarroya-Pueblonuevo e indicó en un comunicado que el sacerdote "ha declarado reiteradamente a su obispo no haber incurrido nunca en comportamientos morales incompatibles con su condición sacerdotal". No obstante, el Obispado resaltó que "los hechos, de ser ciertos, son siempre deplorables, moralmente condenables y causa de sufrimiento para todos".

Los hechos probados de dicha sentencia, que ahora ratifica la Audiencia, reflejan que el sacerdote, entre octubre de 2000 y junio de 2001, realizó tocamientos vaginales en repetidas ocasiones a seis menores de la localidad durante la catequesis. Los tocamientos con "propósito lascivo" ocurrían en el confesionario o en el propio despacho del cura, que cogía las manos de las menores y las llevaba a la zona púbica, según la sentencia.

Defensa

La defensa del sacerdote de Peñarroya había basado su recurso en la necesidad de unos informes periciales psicológicos de las menores, así como en las supuestas contradicciones en las declaraciones de las niñas y de otras cuatro mujeres que declararon haber sufrido en el pasado tocamientos similares. También esgrimió la defensa la falta de intencionalidad del único acusado, al entender que sólo les cogía las manos "como gesto de cariño y para tranquilizarlas".

La sentencia de la Audiencia insiste en que la prueba pericial psicológica que solicita la defensa está sustentada, y remite al informe del Equipo de Investigación de Casos de Abusos Sexuales. La Audiencia tampoco considera que exista contradicción en las declaraciones de las menores afectadas, ya que la diferente terminología recogida en dichas manifestaciones en la fase de instrucción y en del juicio oral responde a que en la primera ocasión es el juez el que las redacta, a diferencia de las grabaciones del juicio oral. El argumento de falta de intencionalidad del sacerdote esgrimido por su defensa también fue desmontado por la Audiencia. La sentencia alude a los testimonios de las menores y a que, incluso "cuando alguna se retiraba, la volvía a traer para sí", como atestiguó una de las afectadas.

El abogado Luis Serrano, que ejerció la acusación particular en el caso, instó al Obispado de Córdoba a que suspenda en su labor pastoral o traslade a otra localidad al sacerdote. En declaraciones a Efe, el letrado que representa a las familias de las víctimas respondía así al comunicado de la Diócesis.

Serrano indicó que "es tremendamente chocante que una persona que está condenada por abusos sexuales a menores siga ejerciendo su labor dentro del seno de la Iglesia e, incluso, continúe actualmente dando catequesis a los niños que van a hacer la comunión".

En su opinión, "si la Iglesia no cesa en sus funciones a este sacerdote, o al menos lo traslada a otro municipio, pueden ocurrir enfrentamientos dentro de un pueblo tan pequeño como éste". En tal sentido, consideró "normal" el apoyo mostrado por el Obispado hacia el párroco, "aunque una cosa es el aliento moral, y otra muy distinta la realidad jurídica".

El abogado explicó que la defensa del sacerdote tiene un plazo de 20 días para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si recurre, la condena queda en suspenso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de febrero de 2004